En la audiencia preliminar celebrada ayer en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, el nuevo abogado de la Fundación ha pedido que los imputados paguen el importe de la subvención que la Junta ya había concedido para crear una Escuela de Hostelería y que perdieron como consecuencia de esta causa judicial, lo que les causó un “perjuicio irreparable”.
Por tanto, ha añadido dicha indemnización a los 21 meses de cárcel y multa de 900.000 euros que ya pedía para los exdirectivos imputados Fernando Mellet, Daniel Ponce, la funcionaria Regla Pereira y Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo de la Junta en Sevilla.
Este ha sido el último trámite antes de enviar el presunto intento de cobro de comisiones ilegales para su enjuiciamiento por un jurado popular, con lo que se convierte en el primero de los cinco sumarios sobre Mercasevilla y los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que llega a juicio.
Nulidad de las escuchas
Ninguna de las partes ha pedido pruebas nuevas pero el abogado de Mellet, José Manuel Carrión, ha solicitado a la jueza Mercedes Alaya que se declare la nulidad de la grabación hecha por dos empresarios del Grupo La Raza cuando los directivos imputados les pidieron la comisión ilegal de 450.000 euros como condición para ocuparse de la Escuela de Hostelería.
Según Carrión, los empresarios y los entonces responsables de Mercasevilla mantuvieron una primera reunión, tras la cual denunciaron el intento de extorsión a un alto cargo de la Junta, quien les dijo que “sin pruebas no puede hacer nada”.
Por ello concertaron un segundo encuentro, que según el defensor fue “una argucia o ardid por parte de los señores que grabaron la conversación” y por tanto “no surgió de forma espontánea y fue provocada, con intención de obtener dicha prueba”, que debe considerarse nula, así como el resto de indicios derivados de ella.
