La Comisión Europea (CE) abogó hoy por reformar las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para que pueda enmarcarse adecuadamente en los próximos presupuestos, a partir de 2013.

El Ejecutivo comunitario presentó su esperado informe sobre la reforma del presupuesto de la UE, con el que abre el debate en torno al futuro marco financiero plurianual para el período posterior a 2013.

En el proyecto, Bruselas señaló que la PAC tiene que evolucionar y especialmente las ayudas directas, porque los derechos históricos que ahora determinan los pagos tienen más de diez años de antigüedad.

En este sentido, la CE apunta que la cuestión es con qué intensidad se reforma la agricultura y apunta que habría revisiones de varios tipos: desde rebajar las actuales "discrepancias" en el nivel de ayudas hasta un cambio "radical" en el que dentro de la PAC dejen de tener importancia las ayudas directas y las medidas de mercado, en favor de los objetivos medioambientales.

Recuerda que el peso de la agricultura en el presupuesto comunitario ha ido bajando y en la actualidad ronda el 40%.

Una reforma, según la CE permitiría que la agricultura siguiera teniendo importancia financiera en la UE, más que dentro de los presupuestos nacionales.

La Comisión Europea sugirió hoy, en general, que el presupuesto comunitario sea financiado en el futuro a través de una gama variada de nuevos impuestos como los que están siendo analizados a escala europea sobre las actividades bancarias, las emisiones contaminantes o el transporte aéreo.

En su documento, la CE se inclina, en el lado de los ingresos, por dotar a la Unión de verdaderos recursos propios, vía nuevos impuestos, y, en el lado de los gastos, por dar prioridad a las grandes inversiones en investigación, innovación y proyectos transfronterizos de infraestructuras.

El informe de revisión obedece a un encargo realizado por los gobernantes europeos en 2005, cuando cerraron a duras penas la negociación de las llamadas "perspectivas financieras" para el actual período (2007-2013).

Bruselas tenía que haberlo presentado el año pasado, pero el retraso en la ratificación del Tratado de Lisboa y en la instalación de las nuevas instituciones provocaron su retraso.

Deliberadamente, la Comisión no cuantifica ningún gasto, ni siquiera establece un orden de prioridades para las políticas comunes, a fin de evitar controversias precipitadas.

Pero sí deja claro, por ejemplo, que el presupuesto actual es "demasiado rígido" y que la política de cohesión "debería concentrarse en las regiones y estados miembros más pobres".

Por el contrario, Bruselas apuesta desde ahora por fomentar la competencia entre los estados en su acceso a los fondos estructurales europeos, por extender el Fondo de solidaridad europeo a todo tipo de catástrofes, no sólo las naturales, y por cumplir el compromiso de aumentar la ayuda al desarrollo hasta el 0,7% del PIB en 2015.

El informe suministra una lista no exhaustiva de los impuestos que podrían proporcionar, en parte, ingresos al presupuesto de la Unión.

Menciona, por ejemplo, un futuro impuesto sobre las transacciones financieras internacionales o las actividades de la banca europea, sobre el que todavía no hay acuerdo entre los ministros de Finanzas; u otro sobre la venta de los derechos de emisión de gases contaminantes.

También considera posible un impuesto "ligado al transporte aéreo", o un "IVA europeo separado", o una parte de los ingresos de un impuesto energético o del impuesto de sociedades.

La Comisión plantea asimismo a los gobiernos la necesidad de ser "creativos" a la hora de utilizar el presupuesto de la UE, que representa aproximadamente el 1% del PIB de los Veintisiete, para "atraer más recursos financieros sin necesidad de aumentarlo".

Cita al respecto la emisión de "bonos europeos" para la financiación de grandes proyectos de transportes, energía o investigación científica (reactor experimental de fusión ITER).