Paquistán continuó ayer con el cierre de las oficinas del grupo islámico al que la India acusa de los atentados de Bombay, pero acusó al país vecino de negarle pruebas para avanzar en la investigación contra los terroristas.

Las fuerzas de seguridad precintaron las sedes de la organización educativa y de asistencia Jamaat-ud-Dawa (JuD) por todo el país, incluyendo las dos que tiene en Islamabad y las que proveían asistencia a la población de Baluchistán tras el terremoto que padeció recientemente la provincia.

Al menos 20 activistas del JuD han sido detenidos sólo en la provincia de Punjab (este), según una fuente policial citada por Geo.

El Gobierno de Paquistán anunció hace dos días que se disponía a proscribir el JuD (aunque la notificación oficial aún no se ha hecho pública), que el día anterior había sido incluido en la lista de organizaciones terroristas de la ONU a petición india.

El comité antiterrorista del Consejo de Seguridad de la ONU también incluyó cuatro nombres en la lista de terroristas, entre ellos el líder del JuD, Hafiz Mohamed Said.

La India ha acusado al JuD de servir de cobertura para el anteriormente proscrito Lashkar-e-Taiba (LeT), grupo que lucha por la anexión de Cachemira a Paquistán al que las autoridades indias culpan del asalto terrorista a la ciudad de Bombay de fines de noviembre pasado.

Said, que fue el fundador del LeT y, al ser éste proscrito en 2002, pasó a encabezar el JuD, fue puesto el jueves por la noche bajo arresto domiciliario en la ciudad oriental de Lahore, capital de Punjab, por un periodo de tres meses, según la Policía. Además, el Banco Estatal de Paquistán ordenó la congelación de todas las cuentas bancarias del JuD, sus líderes y de dos organizaciones “hermanas”.

El ministro de Exteriores, Shah Mehmud Qureshi, confirmó que su Gobierno estaba cumpliendo con sus “obligaciones internacionales” al actuar contra los grupos e individuos declarados terroristas por la ONU.