El Tribunal Supremo ha pedido al Congreso que le remita el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez para así realizar la liquidación de su condena, justo un día después de que la Cámara acordara mantener su escaño.

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dirigido un oficio a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para que remita al alto tribunal dicho informe, en un gesto que mantiene el pulso entre ambas instituciones a la hora de ejecutar la pena, que la Mesa del Congreso interpreta de forma diferente a la resolución condenatoria del alto tribunal.

El tribunal condenó al parlamentario de Unidas Podemos a un mes y 15 días de prisión, una pena sustituido por multa de 540 euros, por un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Precisamente esta petición llega después de que ayer la Mesa del Congreso considerase adecuado el informe de los letrados que mantiene que Alberto Rodríguez debe mantener su acta y su escaño tras haber abonado la multa de 540 euros que le impuso el Supremo.

El informe de los letrados argumenta que una pena privativa de libertad sí hubiera sido "determinante de la causa de inelegibilidad", pero al haber optado por una pena sustituta "no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado".

Según los letrados del Congreso, la condición de diputado de Rodríguez no queda afectada porque no concurre "ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Loreg", ni los artículos del Reglamento del Congreso -21 y 22- que explican cuando un diputado pierde su condición.

Tanto el PP como Cs y Vox han urgido a la JEC que emita un informe diferente al de la Mesa y reconsidere la retirada del acta al diputado Alberto Rodríguez.