Comienza el curso político y la estrategia de oposición popular es notablemente mejorable. Dicen que ha empezado una nueva peregrinación interminable al centro, que los barones le piden a Pablo Casado que modere los tonos y las formas para acercarse al electorado de centro. Sin embargo -obras son amores y no buenas razones- parece que todo consiste en el viejo truco, ya muy ensayado, de hacer una rimbombante declaración de apoyo al gobierno de España “porque somos un partido de Estado” y no dejar títere con cabeza de cada política concreta de ese mismo gobierno de España. Se convierte la política de Estado en un pimpampum de tiro de pelotas de trapo a los inocentes muñecos de las casetas de feria. La política de Estado se traslada a la feria en un plis plas.
Un ejemplo. Enrique López. El dimitido miembro del Tribunal Constitucional porque conducía en moto con altas dosis alcohólicas -casi cuatro veces lo permitido-, sin cascos y saltándose un semáforo en rojo, que ahora es consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y persona de la máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso, además de portavoz nacional del PP de Justicia e Interior, es estandarte de este tipo de política. Cuando se está en una operación UE/OTAN, de la máxima urgencia y de alerta mundial, Enrique López pide que el operativo de evacuación de los militares y policías en Kabul - para sacar de Afganistán a colaboradores afganos - no cuenta con la autorización previa del Congreso de los Diputados. Al tratarse de una “actuación militar fuera de España”, podría necesitar -dijo- de la “autorización previa del Congresoconforme al artículo 17 de la Ley de Defensa Nacional”. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha salido indignada acusándolo de ignorancia supina ya que la presente misión “es una evolución operativa de la misión Resolute Support, una misión de la OTAN en la que España ha participado con 102 hombres y mujeres militares que han fallecido”. Más que aprobada por el Congreso de los Diputados. Vergüenza y estupor ha manifestado Robles por la falta de sentido de Estado del portavoz del PP en una materia tan delicada, cuando las fuerzas españolas se están jugando la vida -sin retórica- con ese dispositivo reiteradamente apoyado por el Congreso desde hace años.
La prueba definitiva de la política de Estado es la que se deriva de un mandato expreso de la Constitución: La renovación obligada del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Todas bloqueadas por no decir que boicoteadas, por puro interés partidista, dado que pedir cambios ahora es ignorar culposamente que, cuando gobernaba Mariano Rajoy, se renovaron todos esos órganos con las mismas reglas y procedimientos que se niegan en este momento. La Constitución no es un texto al que se acoge uno al gusto. Es taxativa y de obligado cumplimiento. Las excusas de mal pagador, ventajistas en definitiva, no son de recibo.
