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Miércoles 13/11/2024
 
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El Puerto

La Fiscalía solicita la imputación del Consejo de Administración de Apemsa

En unos supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, al haber votado en el consejo de administración de la empresa municipal la prórroga durante seis años y sin concurso de concesiones.

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La Fiscalía Provincial de Cádiz ha solicitado la imputación del alcalde de El Puerto Alfonso Candón por su participación, según apunta la Plataforma ‘Apemsa no se vende’, en unos supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, al haber votado en el consejo de administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal Apemsa, la prórroga durante seis años y sin concurso de concesiones de obras a la firma Aqualia, perteneciente al grupo FCC. Dicha votación se produjo el 20 de agosto y 13 de diciembre de 2010.

La concesionaria recibió contratos para la obra de ampliación el depósito que recoge las aguas pluviales (tanque de tormentas) y el mantenimiento de la estación de bombeo de la ciudad. Apemsa justificó en aquel entonces la renovación automática y la necesidad de compensar a la empresa ante la obligatoriedad de realizar obras de mejoras.

El decreto de la Fiscalía detalla en un escrito de 22 folios que la relación de la empresa Apemsa con la entidad “no puede tener carácter perpetuo o indefinido”, por lo que entiende que se habría hecho necesaria la apertura de concursos públicos en defensa de los intereses de la ciudad. En la rueda de prensa ofrecida esta mañana, Luis Hiniesta portavoz de ‘Apemsa no se vende’ entiende que es una “traición electoral”.

La Plataforma y en base a que la denuncia, según éstos, se desprenden indicios “racionales de que se haya cometido delito de prevaricación,, sin que pueda descartarse otro posible delito de malversación de caudales públicos”, solicita imputar al consejo de administración de Apemsa Enrique Moresco, Daniel Pérez, Carlos Montero, Alfonso Candón y José Manuel Cauqui. Como testigos piden declarar al subdirector de Apemsa José Joaquín Herrero y a Manuel Amaya, redactor del informe técnico.

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