El portavoz del grupo provincial de Izquierda Unida, Ramón Hernández, ha denunciado "los sucesivos retrasos" por parte del Ayuntamiento de Córdoba en la licitación del pliego para la exhumación de las fosas del franquismo de la capital, que "a estas alturas solo podemos considerar intencionados y que revelan la absoluta falta de compromiso del alcalde con el acuerdo que alcanzó con el resto de administraciones".
En vista de los acontecimientos, "lamentamos que el alcalde quiera dejar a las víctimas del golpe y la dictadura enterradas en las fosas", con el consiguiente "desprecio a sus familias, al movimiento memorialista y a toda la ciudadanía demócrata que exige reparación".
Acompañado de los coordinadores de IU en la provincia y la capital, Sebastián Pérez e Irene Ruiz, además de la secretaria de Organización provincial, Carmen María Ruiz, y del secretario político provincial del PCA, Juan Hidalgo, Hernández ha trasladado, según un comunicado, una cronología pormenorizada de lo que considera "un engaño manifiesto por parte del Ayuntamiento de Córdoba", que arranca en diciembre de 2020 con la firma del acuerdo entre esta institución, la Diputación, la Consejería de Cultura de la Junta y el Gobierno central.
El portavoz de IU, que además ostenta las competencias en Memoria Democrática en el gobierno provincial, ha subrayado que "desde la escenificación de aquel acuerdo tuvo que pasar un año para firmar un convenio económico, que establecía la dotación que cada administración iba a aportar para abrir por fin las grandes fosas de los cementerios de San Rafael y de La Salud y así poder rescatar de ellas a las personas represaliadas, vecinos y vecinas de Córdoba y de toda la provincia".
En concreto, este convenio se firmó "el 29 de diciembre de 2021, después de que la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación presionara para reunir a la comisión de seguimiento del protocolo firmado un año antes, que no se constituyó hasta el mes de mayo de 2021, lo que da muestra de la falta de interés que ya tenían entonces tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Cultura, a quien correspondía reunir a este grupo de trabajo".
Tras la firma del acuerdo económico, el 3 de marzo de 2022, "volvió a reunirse la comisión de seguimiento del convenio, donde el Ayuntamiento, que es el titular de los cementerios sobre los que han de realizarse los trabajos, aportó un calendario comprometiéndose a que estos comenzaran en el presente año". Desde entonces, "todo han sido excusas y anuncios de nuevos plazos por parte del gobierno municipal, hasta el punto de que primero aseguraron que el contrato estaría adjudicado en verano, después en septiembre y luego en octubre".
Hernández ha denunciado que "noviembre ha arrancado con un nuevo anuncio por parte del Ayuntamiento en el que, sin pudor alguno, dice que el pliego saldrá a licitación en las próximas semanas", con lo que, en el mejor de los casos, atendiendo a los trámites administrativos, "difícilmente podrán empezar los trabajos antes de que acabe el año".
Todas estas dilaciones, además, han motivado que "el acuerdo económico y calendario de plazos fijado entre las administraciones caigan en saco roto", toda vez que "al no haberse ejecutado los trabajos, la aportación no puede justificarse", con lo que "desde la Diputación hemos tenido que retirar la partida que teníamos prevista para 2022 a la espera de una adenda al convenio que incluya una modificación de las anualidades de ejecución y el calendario de pagos".
En ese punto se encuentra ahora el proceso, que está siendo "de una absoluta falta de respeto por las administraciones implicadas en él y especialmente por las familias de las personas represaliadas, a las que se les han generado esperanzas y ahora ven con dolor e incomprensión que lo prometido no llega".
Por su parte, desde IU Córdoba Ciudad han lamentado que el alcalde, que es "el máximo responsable del Ayuntamiento y quien adquirió el compromiso con la firma del protocolo", pretenda dejar pasar el mandato "sin cumplir con algo que no solo es un mandato moral sino también legal", y han cuestionado si "su objetivo es seguir dilatando los procesos, obligando a la redacción de nuevos convenios, para mantener tapada la parte más oscura de nuestra historia reciente y que la brutalidad que esconden las fosas no empañe su campaña electoral perpetua".
