El gobierno de la Junta de Andalucía se empeña en separar a la administración de la ciudadanía”. Así de contundente se ha mostrado la delegada municipal de Consumo, Pepa Vela, con respecto al nuevo decreto que la Junta de Andalucía ha aprobado para regular las hojas de quejas y reclamaciones y que entrará en vigor el próximo 4 de diciembre. En este sentido desde el Gobierno municipal se pedirá en el próximo Pleno ordinario, que se celebrará este jueves, la  modificación o anulación de varios artículos de dicho decreto, con el único objetivo de que la ciudadanía tenga el respaldo que necesita y no todo lo contrario, como vemos con estas políticas cada vez más habituales en la Junta de Andalucía”.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, la Junta de Andalucía aprobó el nuevo decreto 472/2019 para la regulación de hojas de quejas y reclamaciones que entrará en vigor la próxima semana. Las principales modificaciones de este documento radican  tanto en el modelo como en la tramitación del procedimiento. Así pues, con respecto al artículo 14.1 del decreto se solicitará “la modificación o anulación del artículo 14.1, en el que se ha suprimido cualquier mención o referencia a la Oficinas Municipales de Información al Consumidor y que, dentro de las competencias que tienen establecidos los Ayuntamientos en esta materia y de su autonomía local, se siga haciendo referencia a las OMIC, como oficinas públicas municipales y no como ‘servicios públicos de consumo’”, ha señalado Pepa Vela.

Así pues, la edil ha destacado que “con esto entendemos que, por parte de la Junta de Andalucía, se pudiera estar invadiendo unas competencias a la autonomía local que son exclusivas de los propios Ayuntamientos, entendiendo que, de entrar en vigor este decreto, podría conllevar la pérdida  o la desaparición de las OMICS, al no poder cumplir con los requisitos que se le exigen. 

Hay que recordar que las Oficinas Municipales de Información al Consumidor disponen de un Manual de Identidad Corporativa, aprobado en su día y actualmente en vigor, por el entonces Instituto Nacional  de Consumo, ahora Agencia  Española de Consumo y Seguridad Alimentaria (AECOSAN) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El objetivo de este Manual ha sido el de dotar a todas las Oficinas Municipales de Información al Consumidor de unos símbolos representativos que las identifiquen ante los ciudadanos creando, a través de una sola imagen visual corporativa, un nexo de unión que potencie a todas las OMICS y facilite su reconocimiento popular en cualquier lugar de España. “En este sentido, creemos que la nueva denominación de ‘servicio público de consumo’ que se recoge en el decreto no facilitará la labor de información y asesoramiento a la ciudadanía y en particular a los de este municipio”, ha explicado Pepa Vela.

Además, en esta moción también se solicita la modificación o anulación del artículo 21, en relación a que el personal de las OMIC no tenga que elaborar un informe jurídico con una valoración del conflicto, entendiendo que este informe lo pueda realizar, en su caso, el responsable o técnico de la propia oficina sin valoración jurídica alguna, puesto que, aun poseyendo el título de licenciados o graduados en Derecho, para la elaboración de un informe jurídico sería necesario que fueran funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en Derecho.

“En este artículo, se hace necesario que los trámites que realizan estas oficinas se adapten a los procedimientos administrativos, pero no se entiende que se haga obligatoria una valoración y un informe jurídico, ya que la OMIC de Chiclana, al igual que la mayoría de las OMICS de nuestra comunidad autónoma, no disponen de un servicio jurídico propio. Disponer de este servicio conllevaría la implementación de más personal y por tanto del incremento de la partida presupuestaria relativa a Consumo, ya que la Junta de Andalucía tampoco establece una orden de subvenciones que incluya tales gastos”, ha explicado Pepa Vela, que también ha dejado claro que “la Oficina Municipal de Información al Consumidor desarrolla una labor imprescindible en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y en la protección de sus intereses económicos, recogiendo todas las reclamaciones, tramitando las reclamaciones a los organismos competentes e, igualmente, realizan intermediaciones entre comercios y consumidores lo que supone el grueso del trabajo diario”.

Por todo ello y además de estas modificaciones o anulaciones, la moción también incluye la solicitud a las Dirección General de Consumo que garantice la financiación a los ayuntamientos que dispongan de OMIC, que les permita y que les garantice seguir ejerciendo sus competencias en materia de consumo y que se respete su autonomía local. “Todo esto perjudica a la ciudadanía, mostrando así el Partido Popular toda su ideología, respaldado por Ciudadanos y Vox, intentando centralizar los servicios y dejando claro que no cree en la política local. Así lo han demostrado siempre y así lo demuestran ahora con este decreto, mermando los derechos de la ciudadanía y de los consumidores”, ha incidido Pepa Vela.