Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra el PP de Chiclana por presunta extorsión y financiación ilegal

  El Presidente del Partido Popular de Chiclana de la Frontera, Nicolás Aragón, acompañado del Secretario de dicha estructura Andrés Núñez, han anunciado hoy en una rueda de prensa que la Fiscalía Provincial de Cádiz ha archivado la denuncia del PSOE contra el PP de Chiclana por una presunta financiación ilegal y extorsión a un empresario.

Esta denuncia ha sido archivada por el fiscal al no encontrar ni un sólo indicio de delito, lo que ha sido calificado por Aragón como “un nuevo ridículo protagonizado por los socialistas de la localidad, más pendientes en hacer daño y desestabilizar al gobierno que en colaborar en solucionar los problemas de los ciudadanos”.

“No nos encontramos solo tante el archivo de una ridícula acusación, -ha proseguido el presidente de los populares- sino que hemos soportado una campaña de desprestigio en los plenos municipales y en los medios de comunicación que ahora debe ser reestablecido”.

Dada dicha resolución, Aragón y Núñez, como máximos responsables del Partido Popular de Chiclana de la Frontera, no se conforman “con una simples disculpas” y han exigido la dimisión inmediata de José María Román, Joaquín Páez, Manuela Moreno y Cándida Verdier.

La resolución de Fiscalía ya ha sido añadida a la documentación aportada por el PP de Chiclana en la denuncia presentada contra el PSOE por injurias y calumnias por dichas acusaciones.

Antecedentes de hecho:

El pasado 19 de enero de 2012, Joaquín Páez, acompañado de otros miembros del PSOE de Chiclana, se personó en la sede de la Fiscalía Provincial de Cádiz, presentando una denuncia contra el PP de Chiclana por financiación ilegal y extorsión. Dichos hechos habían sido puesto de manifiesto por el PSOE  en las sesiones plenarias precedentes a la denuncia, quienes, de manera reiterada, acusaron a Ernesto Marín, alcalde de la ciudad, de haber extorsionado a un empresario y obtenido financiación ilegal de esta forma para la campaña de las elecciones municipales.

Esta denuncia estaba apoyada en las declaraciones vertidas por un empresario local, quién sostenía que había hecho entrega de una serie de pagarés por valor de 47.500 euros a los ediles populares Ernesto Marín y María Luisa Guerra.

De manera paralela, el Partido Popular de Chiclana desmintió de manera contundente desde el principio estas acusaciones y presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción de la localidad por injurias y calumnias.

Según Núñez, “la argumentación desarrollada por el Fiscal en la resolución judicial es cerrada y desmonta de manera contundente una a una todas las reivindicaciones que el PSOE realizaba”.

Así desde un primer momento los populares negaron haber recibido cantidad alguna, y en concreto haber recibido ningún pagaré. En este sentido la resolución de la fiscalía recoge que “respecto de unos hechos de tal relevancia (el empresario) afirma que no recuerda a qué persona le entregó los pagarés... frente a las declaraciones de Marín y Guerra quienes, de manera firme y contundente, han negado en todo momento ni siquiera haber recibido esos pagarés”.

Asimismo, y para el hipotético caso de que los pagarés se hubiesen entregado, éstos no fueron cobrados, como así certificó la entidad bancaria. Núñez ha afirmado con rotundidad que “el PSOE, en su ánimo de querer hacer daño al PP y querer destestabilizarlo, no ha medido bien el golpe, puesto que lo prudente hubiera sido solicitar una certificación en el banco para comprobar si esos pagarés supuestamente existentes se habían cobrado o no. El PSOE de Chiclana no se molestó ni siquiera en llevar a cabo esa simple comprobación”.

“Haber realizado la comprobación era muy sencillo, pero el PSOE de Chiclana de Román, Páez, Verdier y Moreno prefirieron acusar al PP,  Ernesto Marín y a Maria Luisa Guerra, dañándo su imagen y su honor pleno tras pleno, acudir a Fiscalía y montar todo un espectáculo político que provoca vergüenza ajena”.

Por si esta argumentación no fuera suficiente, el Partido Popular de Chiclana de la Frontera queda también libre de dudas sobre una supuesta extorsión, puesto que la resolución judicial afirma que “no consta la existencia de finalidad (en el pago) alguna por parte del empresraio, sino que la misma (en caso de haber existido), fue voluntaria y sin solicitar ni recibir contraprestación alguna a cambio”.