La Fiscalía andaluza refleja la expansión del narco desde el Campo de Gibraltar

La Fiscalía Superior de Andalucía recoge en su última memoria anual, a la que ha tenido acceso Efe, que la criminalidad en la comunidad por tráfico de drogas experimentó en el pasado ejercicio de 2019 un incremento del 17 por ciento, el más elevado en el conjunto de los distintos delitos registrados.

El Ministerio Público también ha advertido igualmente de un llamativo aumento de este delito en la ciudad autónoma de Ceuta, con un 78 % más, y en Melilla, con una subida del 31 %.

El incremento en el tráfico de drogas se tradujo en un aumento de los procedimientos judiciales incoados, con 1.026 diligencias previas en Málaga, un 12 % más que el año anterior; 906 en Cádiz ( 2,84 % más); 678 en Granada (2,26 % más); 566 en Sevilla (9,29 % más); 401 en Almería (34 % más); y 310 en Huelva (2,6% más); mientras que en Jaén descendieron en un 22 %.

La Fiscalía indica que la droga que plantea los problemas más graves de criminalidad en el territorio andaluz es "indudablemente" el hachís y que la principal vía de entrada es la marítima por todo el litoral de la costa.

La instauración desde 2018 del Plan Carteia en Cádiz, Sevilla, Málaga, Huelva y Almería ha tenido como consecuencia el desplazamiento de las descargas a otras zonas con menor presión policial, con aumentos en las incautaciones en zonas distintas.

En Málaga y Sevilla se ha confirmado también la existencia de numerosos grupos criminales relacionados con los clanes del Campo de Gibraltar que utilizan distintas localidades de estas provincias para dispersar la actividad delictiva a zonas alejadas de ese territorio, especialmente las poblaciones ribereñas al Guadalquivir y las zonas de Manilva, Estepona y Marbella (Málaga).

En ellas se han descubierto grupos dedicados a la ocultación y preparación de embarcaciones de alta velocidad, la infraestructura para su avituallamiento con combustible y suministro de pilotos y la descarga y guarda de la droga, fundamentalmente.

La confluencia de distintos grupos criminales en la consecución de grandes alijos, especializados en las distintas tareas y que colaboran con una o varias organizaciones, supone "una seria dificultad", según la Fiscalía, para la tramitación de las macrocausas que derivan de las investigaciones que se llevan a cabo contra ellas.

El Ministerio Público ya alertó de la lentitud de la instrucción, ante la falta de medios de los Juzgados y Tribunales, y la ausencia de un sistema procesal adecuado a este tipo de criminalidad.

"Estamos en un callejón sin salida que solo puede solucionar un cambio del sistema procesal actual y de la planta judicial, reclamado desde hace mucho tiempo por la mayoría de los operadores jurídicos", ha indicado.

Otro "gran caballo de batalla" que crece exponencialmente año a año es el cultivo de marihuana y, según la Fiscalía, Andalucía se ha convertido de forma definitiva en una zona de producción de este tipo de droga, para su comercialización a otros países, especialmente de Europa.

"No hay provincia que no esté libre de este tipo de actividad pues el precio de un kilogramo de marihuana en el mercado ilícito de 1.490 euros es equivalente al de hachís, 1.587 euros. La ganancia es muy superior, al requerir mucho menos capital y riesgo la inversión", recoge el Ministerio Público.

Señala igualmente dificultades para descubrir los delitos cometidos en el interior de edificios o chalets, con la permisividad en parte de la población de que se trata de una droga "más inocua".

Por otra parte, se propone una regulación legal "menos permisiva" de la venta de semillas de marihuana modificadas genéticamente, que actualmente no está fiscalizada al no contener principio activo ni por tanto considerada actividad ilícita.

El tráfico a gran escala de cocaína tampoco puede desdeñarse, especialmente en el territorio del Campo de Gibraltar y provincia de Málaga y poblaciones colindantes, con el muelle de contenedores de Algeciras como principal vía de entrada.

Por otra parte, en cuanto a las propuestas de reformas legislativas, se plantea que la consideración de los enganches ilegales como delitos leves no parece justificada cuando las cuantías defraudadas superan las que determinan la separación en la mayoría de delitos patrimoniales de los menos graves.