La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, continuó hoy buscando apoyos a su acuerdo del "brexit", entre presiones desde su propio partido para que posponga la votación en el Parlamento prevista el próximo martes, en la que parece abocada a una derrota.
El presidente del grupo conservador en la Cámara de los Comunes, Graham Brady, se ha mostrado abierto a retrasar el voto hasta que haya más "claridad" sobre el mecanismo de salvaguarda para la frontera de Irlanda del Norte, si bien un portavoz del Gobierno aseguró que no van a alterarse los planes.
Aún así, al menos tres miembros del gabinete, según medios británicos, han pedido un aplazamiento que permita a May volver a Bruselas y pedir nuevas concesiones en el tratado de salida o en la declaración política sobre la futura relación comercial, algo a lo que la Unión Europea (UE) se ha mostrado contraria hasta ahora.
"Lo único que marca el sentido común político es retrasarlo. Necesitamos encontrar una solución y no podemos hacerlo de aquí al martes", señaló a la cadena pública BBC una fuente del Gobierno que no quiso ser identificada.
La primera ministra necesita al menos 320 votos para pasar el acuerdo, pero cuenta tan solo con 315 diputados conservadores y el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), cuyos 10 parlamentarios han apoyado al Gobierno hasta ahora, es uno de los principales críticos del texto.
El pacto con Bruselas ha provocado un profundo malestar en la facción más euroescéptica del Partido Conservador: Según la cadena Sky News, entre 80 y 90 parlamentarios "tories" pueden revelarse contra la primera ministra, lo que podría poner en duda la continuidad de May al frente del Ejecutivo.
Un análisis de la agencia local PA indica sin embargo que hasta ahora han sido 29 los diputados conservadores que han afirmado de forma explícita que prevén votar en contra del pacto.
La falta de respaldo al tratado de salida, que May califica como el "único" posible, incrementa el temor a que el Reino Unido abandone la UE el próximo 29 de marzo de forma no negociada y a las posibles consecuencias económicas de ese escenario.
A ese respecto, el Gobierno advirtió hoy de que una ruptura abrupta podría provocar hasta seis meses de caos en los puertos del canal de la Mancha y el eurotúnel, dado que podrían imponerse nuevos controles aduaneros que entorpecerían el paso de mercancías.
El ministro de Salud, Matt Hancock, alertó en particular a las compañías farmacéuticas y al Sistema Nacional de Salud (NHS, en inglés) para que preparen planes de contingencia que eviten escasez de ciertos fármacos y productos.
Antes de que el debate sobre el "brexit" se reanude en el Parlamento el lunes, May envió hoy a varios de sus ministros a distintos puntos del Reino Unido para intentar ganar nuevos apoyos.
El ministro para la salida de la Unión Europea, Stephen Barclay, visitó una fábrica en la localidad inglesa de Peterborough y defendió la necesidad de aprobar el pacto de salida para garantizar la estabilidad y alejar las incertidumbres económicas.
"En circunscripciones como esta, en Peterborough, hay una sólida opinión entre las empresas. Quieren la certidumbre que proporciona el acuerdo. No quieren la incertidumbre de un 'brexit' abrupto ni la que supondría cancelar el 'brexit'", afirmó Barclay.
"Es por eso que yo y mis compañeros (del gabinete) estamos defendiendo que este pacto servirá para cumplir con el resultado del referéndum" de 2016, en el que el 51,9 % de los votantes optaron por abandonar la UE, agregó.
El "número dos" del Ejecutivo de May, David Lidington, sostuvo por su parte que "tanto la voz de las empresas como la voz de la gente común" dice que "quieren que esto se lleve adelante".
"Todos saben que, en la vida real, los acuerdos requieren compromisos y pragmatismo, y que el pacto de la primera ministra es razonable, constructivo y nos permitirá mantener una buena relación comercial con la Unión Europea", esgrimió.
Desde el bando euroescéptico, el exministro Boris Johnson comparó por su parte el tratado de salida, al que los 27 socios comunitarios dieron su respaldo el pasado 25 de noviembre, a una derrota militar para el Reino Unido.
El texto otorga a Bruselas un "poder indefinido" para "acosar y chantajear a este país", y puede ser utilizado por Francia para "saquear" las aguas pesqueras del Reino Unido, por España para hacer "otro empuje por Gibraltar" y por Alemania para pedir concesiones sobre inmigración, declaró Johnson.
