La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha denunciado hoy el "acoso" y el "hostigamiento" que sufren mujeres y profesionales en estos centros, "una realidad", que es a su juicio "recurrente" en España a partir de la despenalización del aborto en 1985.

En un comunicado, ACAI se refiere a un estudio que -dice- evidencia esta situación de "hostigamiento", que se ha incrementado desde que se aprobase la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en 2010.

"Miles de mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas, amenazadas de algún modo" en los centros de IVE, según la asociación, que asegura que lo han sido con una periodicidad semanal en unos casos y diaria en otros.

Esta afirmación la hace la asociación a partir de los resultados de este estudio que ha realizado con la opinión que ha ido recogiendo durante un año de 300 mujeres afectadas por estas acciones cuando trataban de acceder a los centros de IVE.

Según la asociación, estos grupos van rotando por diferentes puntos de la geografía española, pero la asociación se ha centrado en siete de las clínicas de ACAI situadas en Málaga, Madrid, Albacete, Algeciras y Córdoba.

A las mujeres les han preguntado por cómo se sienten ante la acción de estos grupos, si les resulta útil la intervención de estas personas que las interceptan en las puertas de los centros, sobre si creen que estas acciones deberían estar prohibidas, y también si continúan adelante con su gestación tras haber sido "asesoradas" por estos grupos.

Hasta un 73 % de las mujeres se sintió muy molesta por la intromisión en su espacio íntima y personal, y sólo un 1 % consideró que le había sido de utilidad, mientras que un 10 % se mostró indiferente.

El 89 % de las encuestadas declaró haber experimentado alguna forma de acoso, y 200 se sintieron amenazadas.

Todas las mujeres mantuvieron su decisión de interrumpir su gestación, tras el "asesoramiento" -indica- de estos grupos.

El 95 % de ellas, además, dijeron que estas acciones deberían estar prohibidas y un 90 % creen que deberían recibir protección frente a estos grupos.

Este resultado revela, según ACAI, que es imprescindible que el Gobierno y el poder legislativo asuman esta realidad "injusta" y promuevan una iniciativa legislativa que tipifique como delictivas aquellas conductas que "obstaculicen, impidan, restrinjan, limiten o entorpezcan" el acceso de la mujer a la IVE