El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho hoy que espera que "esta vez exista responsabilidad política" y pueda salir adelante el real decreto que recoge el acuerdo entre patronal y sindicatos para desbloquear la reforma de la estiba.
De la Serna, que ha participado en un desayuno informativo organizado por el diario El Economista, ha manifestado que no sabe si este viernes será aprobado el real decreto por el Consejo de Ministros, aunque en todo caso su aprobación "será inmediata", pues la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) "está al caer".
Ha recordado que el Gobierno recibió hace dos semanas una notificación del TJUE y ya no hay oportunidad ni de presentar alegaciones ni de celebrar una vista oral, pues ya pasa a los jueces que deberán decidir si imponen una segunda multa a España por no liberalizar el sector.
El ministro ha recordado que la suma de la multa siga elevándose y que la sanción a España, que hoy paga 27.000 euros al día, se doblaría a 134.000 euros diarios con una segunda sanción por ese motivo.
Respecto a la subrogación que demandan los trabajadores de la estiba, De la Serna ha indicado que por ley es imposible establecerla, pero lo que sí se puede hacer es "establecer determinados supuestos de subrogación", como figura en la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, que aceptaron sindicatos y patronal.
Ha señalado que el contenido de la mediación, que recoge los acuerdos alcanzados sobre garantía de empleo, mejora de la productividad y los 120 millones de euros de ayudas del Gobierno para la reestructuración del sector, se hace a través de un real decreto que colgará del real decreto ley que hizo el Gobierno para cumplir la sentencia del TJUE.
Íñigo de la Serna ha indicado que desde su departamento se está explicando a los grupos parlamentarios el proceso que se ha llevado a cabo y ha añadido que espera que, después de que la propuesta del Ejecutivo fuera rechazada en el Congreso de los Diputados, "esta vez exista responsabilidad política", ya que de lo que se trata es de cumplir una sentencia.
Asimismo, el ministro, que ha dicho que "España tiene que cumplir con su obligación de cumplir y hacer cumplir la sentencia", ha añadido que en la calle hay una "posición unánime" de que "no es posible que, por mantener condiciones asociadas a un monopolio, los ciudadanos tengan que pagar cantidades astronómicas de dinero".
