Barrio Vivo convocará una asamblea de socios la primera quincena de octubre en la que se planteará la viabilidad de que el colectivo antidroga siga realizando su labor. Analizarán desde una posible disolución, como último recurso, hasta la reducción de programas y actividades.
Todo ello se debe a la situación económica que atraviesa la ong, que es extremadamente delicada. Su presidente, José Luis Díaz, explicó que llevan cuatro años esperando el pago de 295.000 euros por parte del Ayuntamiento de Algeciras. La deuda se acumuló entre los años 2007 y 2011, antes de la llegada del actual equipo de Gobierno, aunque “en estos cuatro años y pico que llevan no nos han pagado nada de dicha deuda”, explicó. Por ello reclama al Consistorio un plan de pago para poder ir percibiendo dicha cantidad, de la que afirma que depende la continuidad de Barrio Vivo.
Temen que la puntilla a esta situación sea tener que devolver 51.000 euros al Plan Nacional Contra las Drogas que le fueron concedidos en enero, por programas que no han podido desarrollar antes del 30 de septiembre, la fecha límite para ello.
“Hay días que cerramos. Los trabajadores siguen cumpliendo porque tenemos usuarios que nos necesitan y no tienen nada que ver con estas cuestiones. Este año cumplimos 25 años y en vez de celebrarlo tenemos que pensar si podemos seguir”, lamentó.
