El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro ha remitido una nota a los medios en la que pretende aclarar que "las manifestaciones de Jesús Mayoral referentes a las alegaciones presentadas al presupuesto de la Mancomunidad y su crítica política, no son gratuitas, son en base al presupuesto presentado y los informes que se acompañan, tal es así que invita al señor Diego de la Torre, Presidente de la Mancomunidad, a que no haga amenazas veladas, que tome las acciones legales que crea oportunas encantado que un juez juzgue directamente lo que denuncio que no es ningún invento, está todo documentado".
Argumenta que "el daño que dice que ocasionan a la credibilidad de su persona, se le estará haciendo él mismo, solo algún ejemplo de hemeroteca como, recordarle las declaraciones que hacía hace un año sobre el excesivo gasto político de tener dos Consejeros Delegados en Arcgisay dos asesores y ahí los mantiene o ahora que un Vicepresidente que sigue en la Mancomunidad en sus funciones es también Coordinador en la AGE como el señor Cabrera, que podría ahorrar un sueldo político y nombra a la señora Marina García de USR, vicepresidenta por la ruptura del pacto con el PA en base a otro pacto político que tambien se produce en San Roque al presentar el PP en nuestro municipio de candidata a las próximas elecciones a la misma concejala de USR, dirá que está en su derecho pero a nuestro juicio con unas competencias que con la ley de racionalización y sostenibilidad ya no son propias y no podemos de dejar de hacer la crítica política, con un sueldo de cerca de 40.000 euros, totalmente a lejado de las retribucciones que tiene esta señora en su puesto de trabajo de auxiliar administrativo en excedencia del ayuntamiento de San Roque, que a su vez pedía la rebaja de los sueldos de los concejales de su municipio".
Mayoral, además, advierte: "Esa es su credibilidad y de la Mancomunidad no dejaré de criticar que tal cual está estructurada es una fachada para sueldos y gasto político del que estoy pidiendo explicaciones en parte de las alegaciones, porque no se adecua bajo nuestro punto de vista a lo establecido en la ley de bases de régimen local, a la ley de Haciendas Locales y a la reciente ley de racionalización y sostenibilidad, como se indica en las mismas.
Analizaremos si es que entran en el fondo de de las mismas con los informes del secretario y del interventor los motivos para desestimar las alegaciones y precederemos en consecuencia".
Insiste el portavoz del PIVG en que "todas las alegaciones están argumentadas jurídicamente, en la legislación antes señalada y los artículos que las sustentan. Sobretodo las encaminadas al canon que al final pagan los ciudadanos en las tarifas de agua y de basura por gastos que no corresponden y otros gastos políticos además de los sueldos, de asistencias a sesiones que hemos solicitado que certifique el interventor porque no todos los concejales pueden cobrarlas y asignaciones a los grupos políticos que los mismos ya las cobran en sus respectivos ayuntamientos, para nosotros contrarios a la ley".
Y concluye: "Por muchas amenazas que este señor intente, porque no es la primera vez que lo hace, será capaz de conseguir que deje de explicar a los ciudadanos en mi acción política el exceso del gasto político discutible legalmente y el aparato burocrático que se mantiene en este Ente, escudado todo en un falso pacto por los servicios públicos, partidista PP/PSOE, que también ha denunciado el PA y que le ha llevado a la ruptura del pacto en Mancomunidad" .
