El Alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil García y ha sido contundente al respecto del proyecto de la Junta de Andalucía, del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Dice que se trata de una agresión frontal a los intereses del municipio tarifeño, a su desarrollo económico, y al desarrollo y el bienestar de su población, una afrenta directa a todos los parados tarifeños que tienen su esperanza puesta en el desarrollo sostenible de este municipio.
Gil García dice también que Tarifa, en contra de otros municipios vecinos como Conil, “ha llegado tarde al desarrollo y no ha podido crear los servicios e infraestructuras hoteleras que necesitamos, no hemos traducido en puestos de trabajo nuestro destino turístico, otros municipios apoyan ahora una protección que llega cuando ya tienen todo el desarrollo que necesitan. Si a eso le sumamos ahora el radicalismo desmedido del gobierno de la Junta de Andalucía, nos encontramos con un agravio discriminatorio evidente que pone en riesgo el futuro de la población”, añade hoy el primer edil tarifeño.
El gobierno local ha anunciado con claridad que se agotarán todos los recursos legales, todas las vías administrativas y todos los cauces políticos para oponerse a un documento que no contiene alternativa alguna para Tarifa. El Plan del Litoral que se proyecta prohíbe frontalmente edificar en cinco de los planes parciales calificado del municipio, desclasificando de facto Planes Parciales ya aprobados en Tarifa, como es el caso del SL1 Valdevaqueros o el SL3 Los Lances. Esto supone una escalada sin precedentes en la intervención unilateral de la administración, que supone una responsabilidad patrimonial económica evidente que se tendrá que pagar, pero que este documento no aborda y dice en su memoria económica que no es competente para ello, por lo que quiere imponer al ayuntamiento la obligatoriedad de desclasificar e indemnizar a los propietarios, en una actuación propia de la Venezuela de chaves. Gil García destacaba que Tarifa quedará sin desarrollo, sin recursos, sin ingresos y “además, teniendo que asumir la indemnización de cara a aquellos que apostaron por Tarifa y por sus recursos medioambientales y paisajísticos aplicados de forma sostenible y de cara a un interesante desarrollo turístico”.
La Junta utiliza una arbitraria definición de unidades fisiográficas para ampliar mucho más allá de los quinientos metros la protección del litoral que ahora llega hasta donde ellos estimen pertinente, sin limitación ni reglas estipuladas y comprensibles, solo limitado por su criterio arbitrario. Una radicalización que deja sin solución y que no aborda núcleos de vital importancia como El Lentiscal de Bolonia. El nuevo Plan no ofrece salida a los habitantes originales de un enclavado como El Lentiscal que necesita regularizarse.
El Alcalde entiende que hasta la fecha, Tarifa podía apostar por un desarrollo sostenible del litoral en una línea de trabajo que ha sido perseguida por los intereses políticos de la Junta de Andalucía, que a raíz de la constitución del gobierno PSOE-IU ha tomado una deriva radical incomprensible que pretende imponer a los municipio andaluces el programa del socio minoritario del gobierno autonómico.
Gil García señala directamente al consejero Luis Planas y habla de persecución política al proyecto de Valdevaqueros. Sostiene el primer edil tarifeño que el Plan Litoral comienza a gestarse “cuando la coalición de izquierdas, radicalizada, del gobierno Andaluz impone a su socio mayoritario del PSOE que se desdiga de su aprobación de este legítimo plan tarifeño”. En un claro ejemplo de desviación de poder que bien podría incurrir en prevaricación de sus responsables, ya que utilizan ahora una norma posterior para abortar un acto administrativo firme, legítimo y necesario para el desarrollo del municipio tarifeño. Tampoco se entiende en el gobierno local la actitud del consejero Planas, que anuncia su retirada en breve, “queriéndose marchar haciendo un daño sustancial a la economía de una ciudad que se sustenta en el turismo sostenible”.
Además este proyecto rompe el principio de confianza legítima en la administración y la seguridad jurídica de las empresas en Andalucía, empresas que huirán de esta comunidad al saber que no se puede invertir en esta comunidad sin correr el peligro de sufrir este tipo de medidas chavistas de expropiación directa de los derechos de los particulares o empresas condenándonos a permanecer en el subdesarrollo y la crisis permanente. Para pagar las culpas de todos los que se han desarrollado y ahora disfrutan de empleo y bienestar social, la Junta elige purgar a Tarifa de todas las posibilidades de desarrollo y además que paguemos nosotros el coste de su agresión.
El Ayuntamiento de Tarifa y su alcalde a la cabeza iniciaran todo tipo de contactos y acciones que sean necesarias para evitar el mayor atropello que nunca nadie intentó contra un municipio andaluz, discriminado históricamente y ahora avasallado por conseguir el apoyo político que necesitan para seguir perpetuados en el poder de la comunidad.
