La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz ha elevado una propuesta de sanción, por importe de 10.000 euros, contra el Ayuntamiento de Chiclana, por irregularidades en la contratación de trabajadores acogidos al Plan Local de Empleo Social, PLES. Estas irregularidades se corresponden al periodo de la anterior corporación municipal, PSOE, y se refieren a la relación establecida entre el consistorio y la Asociación de minusválidos físicos “Virgen del Carmen”.

En su informe, Inspección de Trabajo asegura que el anterior equipo de gobierno municipal incurrió en una “cesión ilegal de trabajadores”, ya que el objeto del contrato entre éste y “Virgen del Carmen” “se limita a un mero suministro de mano de obra”, usado para diferentes tareas y servicios, tales como limpieza, mantenimiento, desbroce, adecentamiento de vías y acerados, entre otros, “sin que exista una obra o servicio delimitado o autónomo objeto de contratación pública”. Asimismo, Trabajo señala en su informe sancionador que existe “una clara y abusiva utilización de la contratación temporal”.

Para este organismo dependiente del Minsiterio de Trabajo y Asuntos Sociales, es evidente que la citada asociación de minusválidos “se limita a ocupar la posición empresarial de una manera meramente formal, sin asumir ningún tipo de dirección y control”, siendo el Ayuntamiento quien pone los medios técnicos, materiales y personales para que se pueda llevar a cabo la actividad, así como bajo la dirección de responsables municipales, tal y como se deduce de las visitas de inspección realizadas en diferentes lugares de trabajo, como la nave de obra del Ayuntamiento en Pelagatos, Parque Santa Ana, o a los pinares de la urbanización Novo Sancti Petri.

Con todos estos datos, la Inspección señala que la anterior Corporación Municipal cometió una “infracción muy grave” en materia laboral conforme al artículo 5.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, infracción que se califica como “muy grave” en el artículo 8.2 de la citada norma legal.

La propuesta de sanción de 10.000 euros se establece en función del número de trabajadores afectados por las irregularidades, más de 400.