El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, declaró el pasado 28 de septiembre en calidad de investigado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Roque por un presunto delito de prevaricación como consecuencia de haber concedido licencias municipales a la empresa Cepsa sin tener supuestamente la aprobación definitiva de los instrumentos de ejecución preceptivos, es decir, delimitación, estudios de detalle o proyectos de urbanización…
Según explicaron fuentes cercanas al caso, en el proceso, Ruiz Boix se negó a responder a la acusación particular, ejercida por el colectivo Verdemar-Ecologistas en Acción, y sólo contestó a las preguntas de la Fiscalía. El regidor municipal habría descargado, durante su declaración, responsabilidad personal en el asunto afirmando que su decisión venía avalada por los informes de los técnicos municipales, en consonancia con sus declaraciones públicas hasta el momento.
El origen de todo este proceso comenzó el 30 de julio de 2020, cuando Fiscalía ejerció acciones contra Ruiz Boix y contra Cepsa por hechos que pueden ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio, contra la flora y la fauna, contra los recursos naturales, así como un posible delito contra el patrimonio histórico arqueológico, llevados supuestamente a cabo por la mercantil en el proyecto conocido como Fondo de Barril. Una vez iniciadas las diligencias de la investigación penal por parte de la Fiscalía, se acordó la judicialización del expediente, mediante la interposición de denuncia, “al considerar que los hechos revisten suficientes indicios de criminalidad, pudiendo constituir los mismos un delito de prevaricación urbanística, toda vez que de lo actuado se desprende la existencia de una serie de irregularidades respecto a la concesión de las licencias de obras”.
La acusación particular, encarnada en este caso por el colectivo Verdemar Ecologistas en Acción, consideró en la querella presentada el pasado 21 de marzo que las licencias municipales concedidas a Cepsa son “nulas de pleno derecho” porque se basaron “en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial (PEYSI, aprobado en 1993) en el Área de la Bahía en el término municipal de San Roque sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo Cepsa, que no había llegado a publicarse tras su aprobación en pleno del Ayuntamiento de San Roque de fecha 29 de noviembre de 2018”. Verdemar argumentó su actuación basándose en los movimientos de tierra realizados por Cepsa en el paraje de Montes de los Castellones, calificados como suelo urbano de uso industrial, en el marco del proyecto de Fondo de barril.
