El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado, junto con otro medio centenar de ayuntamientos españoles, distintas alegaciones conjuntas a la consulta pública del Gobierno sobre las Comunidades Energéticas. En ellas se reivindican mecanismos sencillos y unificados para su tramitación, recursos y herramientas para impulsarlas, capacidad de participación directa en las normas que les afectan, que las Comunidades Energéticas puedan facilitar el bono social y un sistema de gobernanza de la energía más democrático, en oposición al actual.
Estos ayuntamientos han respondido a la consulta pública plateada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático, cuya finalidad era recabar la opinión de colectivos y entidades interesadas, administraciones y agentes potencialmente involucrados en el desarrollo de Comunidades Energéticas para la transposición al ordenamiento jurídico español de las directrices europeas del mercado interior de la electricidad y la de energías renovables.
Estas directivas establecen que los países de la Unión Europea han de garantizar en su ordenamiento nacional el derecho a producir, consumir, almacenar y vender la propia energía renovable de la ciudadanía. En ellas se establecen dos modelos de comunidades locales de energía: la Comunidad de Energías Renovables y la Comunidad Ciudadana de Energía.
Las alegaciones reclaman ir a un escenario ambicioso de gestión ciudadana y municipalista de la energía, a la vez que tratan de dar todas las garantías para que las Comunidades Energéticas operen sin afectar a la seguridad del sector eléctrico.
El alcalde de Cádiz, José María González, incide en que “las Comunidades Energéticas deben servir para democratizar un modelo energético absolutamente descorazonador e injusto”, al tiempo que pide al Gobierno “valentía y ambición, porque la transposición de esta norma europea es una oportunidad para ampliar derechos de la ciudadanía frente a las grandes energéticas”.
En este sentido, sostiene que “tanto las comunidades energéticas como las comercializadoras deben poder participar en la erradicación de la pobreza energética Deben poder dar el bono social y las ayudas que existan, lo que no puede ser es que todas las comercializadoras paguen un bono social que solo pueden ofrecer el oligopolio y tres más. Esto supone una transferencia de clientes y recursos a las grandes, algo que es perverso”.
Mejorar el acceso a la energía a través de las Comunidades Energéticas
Dos de las reivindicaciones incluidas en la batería de propuestas presentadas son que las Comunidades Energéticas puedan extender las experiencias de autoconsumo más allá de la limitación actual de los 500 metros y que puedan operar en red de media tensión, permitiendo estrategias de producción cooperativa municipal.
En aras de mejorar el acceso a la energía para la población en situación de vulnerabilidad, los ayuntamientos proponen que las Comunidades Energéticas puedan facilitar el bono social o las ayudas que existan en materia de pobreza energética, al igual que deberían poderlo hacerlo todas las comercializadoras y no sólo las de referencia.
Se propone también crear marcos locales de intervención que permitirían hacer de la energía un vector de transformación de la ciudad. También se contempla que las Comunidades Energéticas puedan operar como suministradoras, tal como plantea la directiva, cumpliendo una serie de requisitos y con menos exigencias normativas que las que se contemplan para las comercializadoras de ámbito estatal.
A su vez, dichas comunidades podrán operar en la red de distribución, tal y como plantea la directiva. Para que dicha operación se dé con todas las garantías, se entiende que debería hacerlo de la mano de una distribuidora. Esto podría añadir un dinamismo económico local, como el que está provocando en Alemania y otros países, que reporte beneficios para el municipio, sus vecinas y vecinos, sí como para el tejido comercial e industrial.
Algunas de las propuestas incluidas en las 15 páginas de alegaciones municipales, se inspiran en iniciativas existentes en otros países de la Unión Europea, que o bien ya han traspuesto estas directivas, o bien, han avanzado en la creación de Comunidades Energéticas sin disponer de un articulado concreto. Se plantean propuestas ya existentes en Alemania, Portugal, Irlanda o Polonia.
Las capacidades y requisitos que se establezcan ahora en la transposición de las directivas determinarán la utilidad de dichas Comunidades Energéticas y su capacidad de transformar el actual modelo energético oligopólico, controlado y gestionado por un pequeño número de grandes empresas, en un modelo distribuido, donde la energía pueda ser gestionada por un tejido social, administrativo y empresarial diverso y local.
Las alegaciones han sido suscritas por el Ayuntamiento de Cádiz y por el Ayuntamiento del Prat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el Ayuntamiento de Lleida, el Ayuntamiento de Alcorcón, el Ayuntamiento de Pamplona, el Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento de Girona, el Ayuntamiento de La Palma, el Ayuntamiento de Manzanares del Real, el Ayuntamiento de Barberà del Vallès, el Ayuntamiento de Calvià, el Ayuntamiento de Conil de la Frontera, el Ayuntamiento de Flix, el Ayuntamiento de Fuentecantos, el Ayuntamiento de Granollers, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, el Ayuntamiento de Lladurs, el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, el Ayuntamiento de Montornés, el Ayuntamiento de Mont-Roig del Camp, el Ayuntamiento de Navàs, el Ayuntamiento de Olost de Lluçanes, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid , el Ayuntamiento de Ronda, el Ayuntamiento de Rubí , el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, el Ayuntamiento de Sant Martí de Tous, el Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, el Ayuntamiento de Senán, el Ayuntamiento de Terrassa, el Ayuntamiento de Tibias, el Ayuntamiento de Torrebesses, el Ayuntamiento de Vacarisses, el Ajuntament de Viladecans, el Ayuntamiento de Argençola, el Àrea Metropolitana de Barcelona, la Agència d'Energia de Barcelona, la Associació de Micropobles, la Asociación Nacional de Autoconsumidores (ANA), el ITC- Instituto Tecnológico Canario, la EnergÉtica coop, cooperativa de Palencia, la Enercoop, cooperativa elèctrica Crevillent, Vergy, comunidad energética y la Diputación de Barcelona.
