Condenado a 224 años de cárcel un ciberpedófilo por 37 delitos

La Audiencia de Zaragoza condenará a penas que suman un total de 224 años de prisión a un joven de Cádiz por corromper a través de plataformas de juegos en internet o redes sociales a cerca de cuarenta menores de edad de los que obtuvo más de 5.000 fotografías y 150 vídeos de contenido sexual.

La condena ha sido acordada hoy entre las acusaciones y la defensa del proceso, Benjamín, C.S., "Benjy", un gaditano de 31 años con antecedentes por delitos similares que se enfrentaba inicialmente a 276 años de cárcel por 37 delitos de captación de menores y elaboración de material pornográfico.

El acuerdo alcanzado prevé condenas diversas contra el acusado por delitos de acoso sexual, descubrimiento de secretos, tenencia y distribución de pornografía infantil, amenazas condicionales agravadas y acoso.

De acuerdo con el Código Penal, según han informado a Efe fuentes judiciales, el acusado deberá cumplir al menos el triple de la condena máxima impuesta (5 años y 6 meses), por lo que el total al que deberá hacer frente se situará en torno a los 16 o 17 años.

El acuerdo contempla, además, prohibiciones para trabajar con menores y medidas de libertad vigilada hasta un máximo de 10 años, así como indemnizaciones de 400 a 2.000 euros a las víctimas y obligatoriedad de asistir a cursos de formación sexual.

Sus actividades como corruptor de menores fueron detectadas por la policía a raíz de la denuncia interpuesta por la familia de un joven zaragozano con el que trató de mantener un contacto sexual pero al que encontró de vacaciones con su familia.

Al parecer, el acusado envió a su víctima una fotografía de su vivienda en Zaragoza para demostrarle su interés, lo que llevó al menor a contar lo ocurrido a sus padres, que se pusieron en contacto con el acosador para advertirle de que dejara tranquilo a su hijo.

El acusado llegó a cambiar su identidad en las redes sociales para tratar de contactar con el mismo joven.

El fiscal destaca que el acusado se servía de los juegos "online" en la Play Station y de redes sociales como Instagram o Facebook para pedir a menores imágenes sexuales a cambio de premios o dinero.

Además, el acusado llegó a amenazar a sus víctimas con difundir las imágenes que le habían enviado para que continuaran remitiéndole imágenes pornográficas, e incluso llegó a crear un grupo de Whatsapp con casi noventa usuarios en el que incorporaba material pornográfico.

La investigación llevada a cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Zaragoza permitió la localización y registro de la vivienda del acusado en Puerto Real (Cádiz), donde se descubrieron información abundante de sus actividades ilegales en la red.