El Ayuntamiento de Cádiz ha hecho el ingreso de la indemnización a la Agente Local de Empleo (Alpe) que denunciaba que el Consistorio no había cumplido con el resultado de las demandas judiciales que había ganado tanto en Madrid como en Sevilla. La indemnización ha sido abonada en el dia de ayer según ha conocido la afectada.
El procedimiento se ha finiquitado judicialmente, pero han demostrado que “no tienen ética ni coherencia en sus propias reivindicaciones ya que en Sevilla exigen la readmisión de los Alpes y en Cádiz hacen lo contrario".
La afectada insiste en que “han utilizado las prerrogativas legales que la reforma laboral del Gobierno del PP otorga a la administración, reforma laboral muy criticada por los partidos políticos que conforman el Gobierno local, para no devolverme a mi puesto de trabajo como agente local de empleo".
El montante a pagar se hubiera podido reducir en la mitad si hubieran optado por readmitir a la demandante: “unos 30.000 euros de indemnización y el salario, que podrían haber imputado a futuros proyectos”.
Para esta mujer, es incomprensible ver cómo la líder de Podemos a nivel andaluz, Teresa Rodríguez, aseguraba contundentemente ante los casos de Alpes que se abordaron en el Parlamento que «no es cierto que ustedes (en referencia al PSOE) tengan que esperar a las sentencias, sino que basta con desistir [de pleitear] y negociar». Una opción que no se ha barajado en el Ayuntamiento de Cádiz, puesto que la denuncia se realizó en el año 2012, con el Gobierno del PP gobernando en la ciudad, y en junio del pasado año, cuando ya gobernaban Podemos y Ganar en Común, el Ayuntamiento continuaba el procedimiento judicial en el Tribunal Supremo. La afectada denunciaba que “la doble vara de medir se ha puesto de manifiesto entre cómo actúa Podemos a nivel municipal y cómo lo hace en el Parlamento andaluz”.
De esta forma, según explica la afectada, se ha hecho uso de una prerrogativa de la reforma laboral a la que pueden optar las administraciones.
Por su parte, el Consistorio gaditano afirmaba que el pasado 29 de enero se abonaba por parte del IFEF a la cuenta del juzgado la citada cantidad. Según la versión municipal, y el propio alcalde en su twiter, se restablecen los derechos de la trabajadora. Aunque se han negado a readmitirla