Durante toda la semana, unos 25.000 participantes –entre líderes políticos, expertos, empresas y ONGs– debatieron las cuestiones más candentes en torno a este recurso, como las sequías, el reciclaje de las aguas residuales, el reparto o la gestión del preciado líquido.
Al mismo tiempo, ONGs y asociaciones críticas con el hecho de que el foro sea organizado por el Consejo Mundial del Agua (CMA), una institución de carácter privado, se dieron cita en diversas actividades paralelas de protesta, de las que algunas fueron reprimidas por la Policía.
Al menos diecisiete activistas turcos fueron detenidos en la protesta del primer día y dos miembros de la ONG International Rivers fueron deportadas por el Gobierno turco por desplegar una pancarta durante el acto inaugural en la que se leía: “No a los embalses peligrosos”.
La declaración final, firmada por las delegaciones de los 150 países participantes (70 de ellos representados a nivel ministerial), fue presentada ayer con ocasión del Día Mundial del Agua.
En ella, los Estados firmantes advierten de la “necesidad de conseguir seguridad en el (sector) del agua” en un “mundo (que) se enfrenta a cambios globales rápidos y sin precedentes”. Por ello, se comprometen a “intensificar” los esfuerzos para llevar a buen término los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, aunque la declaración no es vinculante para los países firmantes.
Sin embargo, el tema que más debate suscitó durante las negociaciones finales fue el derecho al agua, para cuya redacción los países participantes no alcanzaron un consenso, explicó el sábado la presidenta del proceso político, Sumru Noyan.
Así, en la Declaración Ministerial de Estambul no se llegó a decretar el agua un derecho humano, como exigían los movimientos sociales y ecologistas y varios países latinoamericanos.
“Admitimos las discusiones en el seno del sistema de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento. Reconocemos que el acceso al agua potable y al saneamiento es una necesidad humana básica”, se lee en el documento final, que países como Venezuela se negaron a firmar.
Los organizadores afirmaron que existe consenso entre los Estados respecto al “derecho al agua”, aunque no sobre cómo expresarlo, pues las diferentes redacciones tienen diversas consecuencias político-jurídicas.
Durante varios días, las delegaciones sudamericanas encabezadas por Uruguay y Bolivia intentaron presionar para que se introdujese el derecho humano en la declaración y otros países ofrecieron una redacción intermedia que hablaría del agua como un “derecho básico”.
Pero fue en vano, ya que, según informaron a Efe fuentes cercanas a la negociación, países como EEUU, Brasil y Egipto bloquearon el intento de volver a debatir los documentos que habían llegado a Turquía tras las sesiones preparatorias que comenzaron en septiembre de 2008.
Finalmente, un grupo de 25 países críticos decidió suscribir una declaración alternativa en la que, como primer punto, se reconoce “el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano” y los firmantes se comprometen “a realizar las acciones necesarias para la implementación progresiva de este derecho”.
