La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, pidió ayer una “reflexión” a los padres que han recurrido la sentencia del Tribunal Supremo sobre Educación Para la Ciudadanía (EpC), que rechaza la objeción de conciencia, para que sus hijos cursen la materia con normalidad. 

Cabrera, en declaraciones a los periodistas durante su visita a un centro escolar de Córdoba, recordó que la nota emitida por el Tribunal Supremo “unifica la doctrina de las sentencias de los tribunales autonómicos”, por lo que “no cabe objeción y la asignatura no atenta contra la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos”. 

De esta manera, subrayó que las administraciones educativas “harán todo lo posible” para que aquellos niños que no han asistido a la asignatura “se puedan incorporar con la mayor normalidad posible”. 

Por ello, pidió a las familias una “nueva reflexión” para que entiendan que la asignatura “no atenta, ni invade ningún espacio privado moral o religioso”, además de que contiene elementos educativos “muy necesarios para la sociedad en la que vivimos”. 

Por otro lado, la ministra reiteró que el Gobierno pidió a la Fiscalía que investigue para aclarar si los hechos denunciados en el informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de menores son constitutivos de delito, si bien alabó el “trabajo de los profesionales de estos centros”. 

No obstante, la ministra incidió en que se trata de un asunto que afecta a jóvenes con características de comportamiento personal que “hay que entender”, aunque rechazó cualquier “práctica vejatoria que atente contra la integridad de los jóvenes”. 

En otro orden de cosas, Cabrera se referió a la calidad educativa de España y reconoció que las tasas de fracaso escolar o abandono temprano de la educación son “excesivamente altas” y superan la media de los países de la Unión Europea. 

Sin embargo, subrayó que el Gobierno se ha marcado el “ambicioso” objetivo de alcanzar los compromisos fijados en la estrategia europa de Lisboa para 2010 y pidió la “implicación del sistema educativo, los profesores, las familias y la opinión publica” para cumplir con las directrices europeas. Finalmente, la ministra defendió el adelanto del inicio del curso escolar con el objetivo de “buscar un calendario que satisfaga la conciliación de la vida laboral y familiar”, aunque matizó que “hay que tener en cuenta las opiniones e intereses de toda la comunidad educativa”. 

En este sentido, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Teresa Jiménez, recordó que la propuesta de adelantar el inicio curso escolar al 7 de septiembre en Primaria y al 15 de septiembre en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional permitirá “mejorar el rendimiento de los alumnos y conciliar las vidas de las familias”. 

De nuevo, la ministra aseguró que el Gobierno impulsará un plan de inclusión educativa de alumnos discapacitados que vaya “más allá” de la enseñanza obligatoria y que se extienda en el Bachillerato y la Formación Profesional. 

Así, se referió a este compromiso antes del congreso de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS).