El exdirector de Greenpeace España Juan López de Uralde y otros diez miembros del grupo ecologista no volverán a prisión por participar en una protesta en la cena de jefes de Estado de la cumbre del clima de Copenhague, en 2009.

En la vista final del juicio, el fiscal se limitó a pedir penas de prisión condicional de 60 días y multas de 3.000 coronas danesas (unos 400 euros) para Uralde y otros nueve activistas, además de la prohibición de volver a Dinamarca durante seis años para los ocho imputados extranjeros.


El otro acusado, que tiene antecedentes por casos de allanamiento de morada, se arriesga a una condena condicional de no menos de 70 días y una multa de 5.000 coronas (671 euros), mientras que la organización Greenpeace Nordic se enfrenta a una posible multa de 200.000 coronas (27.000 euros).

El alargamiento de la vista motivó que el juez aplazara hasta el lunes próximo la sentencia de un caso en el que a los imputados se les acusa de falsificación documental, suplantación de autoridad pública y allanamiento de morada, agravado por una ofensa a la reina Margarita II de Dinamarca, anfitriona de la cena.

El fiscal insistió en la gravedad de los hechos y en que estos no tenían nada que ver con la cumbre, además de considerar la irrupción de los activistas en el palacio de Christiansborg, como una amenaza indirecta a la reina.
“Greenpeace tiene que respetar las leyes como todo el mundo, no está por encima de la ley”, dijo el fiscal, quien señaló que los hechos merecerían prisión incondicional, pero las “características especiales del caso” y que los acusados pasaran 20 días en prisión preventiva hacían que optara por rebajar la petición de pena.

Por el allanamiento, los acusados se arriesgaban a seis meses de cárcel, que podían duplicarse por el agravante de la ofensa contra la reina, un delito no usado en ochenta años; por la falsificación de documento, a dos años, y por la suplantación, a una multa.

La defensa pidió la absolución por lo atípico de los hechos y lo que se juzga, una expresión política, un “grito de auxilio a los políticos y al mundo”, según el abogado Jakob Arrevad.

“Nadie fue herido, nada fue destruido, lo único que pudo resultar ofendido fue el orgullo de la policía”, dijo Arrevad, quien rechazó que se pueda hablar de falsificación cuando los acusados hicieron copias de documentos en los que no aparecía una entidad expendedora. En opinión de Arrevad, tampoco hay allanamiento de morada, pues “un representante de Asuntos Exteriores junto a las escaleras les dio la bienvenida al pasar sin impedimentos el control policial”.

López de Uralde se mostró “globalmente contento” con las penas solicitadas, ya que antes de que se formalizara la acusación se hablaba de la posibilidad de una pena de prisión de hasta seis años, aunque consideró “desproporcionado” el proceso. “El fiscal está tratando de justificar lo que hicieron, que nos metieran en prisión preventiva. Sabe que no es justo que vayamos a la cárcel”, dijo López de Uralde al término.

En su alocución final en el juicio, recordó que las ONG fueron expulsadas de la cumbre después de una semana y que se quedaron sin foro en el que expresar sus ideas, cuando la posibilidad de un acuerdo mundial frente al cambio climático se desvanecía.

“Queríamos mandarles un mensaje a los líderes y nos acercamos al lugar donde estaban reunidos. ¿Es la esperanza un crimen?”, señaló, para resaltar que las emisiones de gases contaminantes aumentan “y los líderes no hacen nada: ¿no será ese el verdadero crimen?”.

Indicó que acudió a Copenhague “con la esperanza de que se lograra un acuerdo para salvar la Tierra” y añadió: “nunca pensé que acabaría en la cárcel o expulsado de Dinamarca”.

El ahora líder del proyecto político ecologista Equo y otros tres compañeros de Greenpeace burlaron el 17 de diciembre de 2009 la seguridad de la cena haciéndose pasar por “jefe de Estado de la Madre Tierra”, su esposa, un escolta y el chófer.