Durante dos días, un centenar de ministros y responsables políticos de la UE han debatido en la IV Conferencia Ministerial Europea sobre Integración las distintas políticas europeas y han acordado instar a la Comisión Europea a que elabore un plan común a lo largo del año, donde se podrá incluir la propuesta de evaluar el nivel de integración de cada país.
Los Gobiernos de la UE plantean reconocer “los aspectos positivos de la migración, especialmente en el contexto de la mala coyuntura económica que atraviesa Europa, y seguir promoviendo fórmulas que ayuden a luchar contra el racismo, la xenofobia y todas las formas de discriminación”.
Sugieren considerar la diversidad cultural como una oportunidad para el progreso económico y social y plantean, entre otras medidas, trabajar con las empresas para que aprovechen el potencial de los inmigrantes.
La comisaria europea de Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, ha anunciado que va a proponer una directiva para que se regulen “las condiciones mínimas y los derechos de los trabajadores” temporales, con un máximo de seis meses, y con la opción que puedan volver al año siguiente.
La comisaria ha abogado por luchar contra el trafico de seres humanos y contra la discriminación con “una política común de protección a la gente que más lo necesita”.
Durante el debate, el representante del Comité Económico y Social ha planteado que en el diálogo social y la negociación colectiva debe figurar la integración como uno de los objetivos, ha explicado la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, anfitriona junto al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de esta cumbre que se celebra durante la presidencia española de la UE.
La Declaración de Zaragoza acuerda también reforzar las iniciativas locales y la participación ciudadana, invirtiendo en barrios con elevada concentración de inmigrantes “para crear un sentimiento de pertenencia, puesto que es esencial que los inmigrantes participen en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural”.
