Cinco años no han sido suficientes para que todos los actores implicados alcancen un acuerdo para rehabilitar Valcárcel y trasladar la Facultad de Ciencias de la Educación al antiguo hospicio. La Diputación de Cádiz, que decidió en 2017, con el respaldo por unanimidad del Pleno, ceder el inmueble de su propiedad a la Universidad de Cádiz (UCA) para llevar a cabo el proyecto ha prorrogado sies meses el convenio confiados en concretar la hoja de ruta para desatascarlo con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz en la reunión que mantendrán sus representantes mañana en Sevilla.
La esperanza se impone a la frustración de la experiencia, pero se resiente. Si bien el rector de la UCA, Francisco Piniella, no piensa ni quiere oír un plan B, Juan Carlos Ruiz Boix, presidente de la institución provincial, no descarta retomar la idea original de destinar el inmueble a uso hotelero y la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha ofrecido la ciudad como enclave de la facultad, actualmente ubicada en Puerto Real, en declaraciones recientes y en exclusiva a 7TV. Las administraciones y la sociedad civil asumen que, efectivamente, se encuentran ante la última oportunidad para salvar la iniciativa, que llevaría a Cádiz a 3.000 alumnos, más el profesorado y el personal de administración y servicios, y dinamizaría social y económicamente los barrios de La Viña, El Balón y El Mentidero.
Carlos Gentil, portavoz de la plataforma Valcárcel Universitaria, es optimista porque valora el giro en el discurso por parte de la Junta de Andalucía. Gentil recuerda que el que fuera consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en la anterior legislatura, Rogelio Velasco, bloqueó cualquier avance de manera contumaz desde que negara la prioridad de la rehabilitación del edificio en su participación en el acto del 40 aniversario de la UCA en 2019. Antonio Sanz, como viceconsejero de Presidencia, y el actual responsable de Universidad de la Administración autonómica, José Carlos Gómez Villamandos, han expresado, sin embargo, su respaldo al proyecto. Éste último, se ha comprometido a que el Gobierno de Juanma Moreno será parte de la solución y no un problema ante la comunidad universitaria en Cádiz, durante el acto de inicio del curso.
Sin embargo, no hay concreción sobre la financiación, el problema insalvable hasta el momento. La UCA está dispuesta a aportar recursos, pero remarca que dispone de fondos muy limitados para hacer frente a unas obras que al menos obligan a desembolsar 40 millones de euros. El alcalde, José María González, Kichi, reserva cinco millones, que equivalen a 1.300 millones en comparación con los presupuestos autonómicos. La participación de la Junta de Andalucía, por tanto, es clave y dependerá, de acuerdo a la estrategia avanzada por el portavoz municipal del PP, Juancho Ortiz, de si la Diputación afloja o no dinero. Ruiz Boix es reticente, tal y como ha reiterado en innumerables ocasiones, por última vez en el Pleno de septiembre en el que reclamó una partida específica al presidente andaluz en los próximos presupuestos, remarcando que el inmueble que cede la institución provincial está valorado en más de 30 millones.
Óscar Torres, responsable del grupo socialista en el Ayuntamiento, se ha desmarcado y ha propuesto a su compañero de filas sume financiación al edificio. El portavoz de la plataforma Valcárcel Universitaria está de acuerdo porque, advierte, sea cual sea el futuro del antiguo hospicio, Diputación tendrá que actuar porque el edificio está en estado ruinoso: el responsable de Seguridad y Prevención de la UCA, José Ramón Martínez, alertó de que es muy difícil controlar el acceso a las instalaciones y han detectado que hay jóvenes que saltan la valla, rompen puertas y ventanas, y señaló que “no queremos otro Campo de las Balas”, en referencia al suceso que se saldó con la muerte de un niño en 2004 que jugaba en la primera planta del antiguo Batallón de Artillería, situado junto a un aparcamiento.
