El caso del presunto enchufe laboral de la hija del exinterventor municipal Antonio Muñoz a cambio de la modificación de un informe que permitiría nuevas inversiones por parte del Ayuntamiento de Arcos pasa página: Fiscalía ha acusado finalmente a los concejales Sebastián Ruiz y Carlos De la Barrera del Partido Popular (PP), y a Manuel Erdozain de Alternativa Independiente Progresistas (Ai-Pro), así como al citado responsable de la fiscalización económica del Ayuntamiento de presuntos delitos de cohecho activo y pasivo y prevaricación. Por ello, solicita que cumplan prisión de cinco años y medio y sean inhabilitados durante nueve años, en el caso de Ruiz y Erdozain, y cuatro años y medio de cárcel para De la Barrera. Para el exinterventor una pena de cuatro años de prisión.
Se da la circunstancia de que el proceso tiene carácter independiente del posible macrojuicio que se abra por otros casos de enchufismo laboral en el Ayuntamiento y que, en su generalidad, salpican a otros cargos públicos de la etapa anterior de gobierno.
En este caso concreto, la declaración ante el juez de la exconcejal de Ai-Pro Petri Macías pudo ser fundamental para que Fiscalía decidiera abrir un proceso separado y con posibles graves consecuencias para los investigados.
Los hechos tuvieron lugar en 2014, cuando el entonces interventor emitió un informe desaconsejando inversiones públicas por el importante volumen de deudas del Ayuntamiento, lo cual habría atado de manos al equipo de gobierno PP-Ai-Pro para ejecutar una serie de obras y otros gastos. Supuestamente, los responsables de las delegaciones de Economía e Infraestructuras, Urbanismo y Hacienda ofrecieron un contrato laboral de auxiliar de administrativo sin concurso o proceso legal por medio a la hija del interventor. Como moneda de cambio se habría encontrado la modificación del citado informe.
La primera consecuencia política de la petición realizada por Fiscalía ha sido la sustitución de Sebastián Ruiz como cargo de confianza del subdelegado del Gobierno de la nación en la provincia; cargo que acaba de ocupar el exalcalde de El Puerto de Santa María, Enrique Moresco. A todo ello, desde el PSOE gaditano, la parlamentaria Araceli Maese, ha criticado que “El PP ha esperado al minuto final, cuando estamos a las puertas del juicio oral, para reaccionar y decidir que no puede mantener en un puesto público tan destacado a un dirigente político que puede acabar en la cárcel”.
