El Gobierno andaluz ha logrado cerrar el ejercicio 2020 en equilibrio presupuestario al concluir el año con un leve superávit del 0,14 por ciento (206 millones de euros), dentro del margen al que se había comprometido, y a pesar de la suspensión temporal de las reglas fiscales adoptada por la Comisión Europea como consecuencia de la pandemia, según ha confirmado el Ministerio de Hacienda.

La Junta de Andalucía ha trabajado durante todo el ejercicio para no desviarse de la senda fiscal y ha cuadrado sus cuentas por segundo año consecutivo, después de que en 2019 consiguiera revertir la situación heredada del año 2018, en el que el Ejecutivo anterior incumplió los objetivos de estabilidad: déficit, deuda y gasto, al dejar un déficit (diferencia entre ingresos y gastos) del 0,51 por ciento del PIB, equivalente a 813 millones de euros, ha informado la Junta en una nota.

Así, en 2019 consiguió cerrar siendo la única comunidad autónoma que cumplió con todos los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pese a que el año anterior fue la única que incumplió todos.

En relación a 2020, un ejercicio marcado por la crisis del coronavirus, el Gobierno andaluz ha vuelto a equilibrar sus cuentas.

Así pues, este cierre presupuestario vuelve a respaldar la gestión de las finanzas públicas que está llevando a cabo el Gobierno andaluz durante los dos años que lleva de legislatura, en los que, además de cumplir los objetivos de estabilidad, se han elaborado y aprobado tres presupuestos autonómicos y se ha podido regresar a los mercados financieros para emitir deuda en condiciones más ventajosas, entre otros hitos.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha puesto en valor la "estabilidad y certidumbre" que aporta esta ejecución presupuestaria a Andalucía, y ha remarcado que el objetivo planteado por este Gobierno "va a ser siempre tender al equilibrio presupuestario para no dejar déficit en herencia a las generaciones venideras".

En este sentido, Bravo ha recordado que durante 20 años, la Junta de Andalucía tiene que pagar cada año una factura de 223 millones de euros en concepto de devolución de las entregas a cuenta recibidas del Gobierno central en los años 2008 y 2009.

En este sentido, el consejero ha urgido al Ministerio de Hacienda a que plantee una solución para evitar que esta situación se vuelva a repetir en 2022 y 2023, ya que las entregas a cuenta del ejercicio pasado que van a recibir las comunidades autónomas fueron calculadas sobre la base de un crecimiento de la economía española del 1,6 por cientp, cuando la realidad es que el PIB se ha desplomado un 10,8 por ciento al cierre de 2020, lo que provocará una liquidación negativa que los gobiernos autonómicos deberán devolver al Estado.

La Junta destinó el año pasado más de 3.360 millones de euros a afrontar gastos relacionados con la pandemia, mientras que el montante que ha recibido por parte del Estado para este fin se situó en 2.300 millones de euros en 2020.