Los peritos judiciales cedidos por el Banco de España para analizar las cuentas de Bankia se defienden en su informe definitivo enviado a la Audiencia Nacional de las acusaciones de subjetividad y contraatacan desvelando las contradicciones que muestran entre sí el resto de expertos.
En un escrito al juez instructor Fernando Andreu al que ha tenido acceso Efe, aseguran que tras revisar toda la documentación disponible, "aproximadamente 300.000 folios", y mantener "más de cien horas de conversaciones", no cabe achacarles un análisis subjetivo, acusación que les resulta "particularmente molesta, o contaminado con un sesgo retrospectivo".
Esto supondría que su informe es erróneo, al estar basado en información obtenida con posterioridad, algo que ellos niegan al asegurar que la información en la que han basado su análisis la podrían haber conseguido también en su momento los administradores de Bankia y BFA, los expertos del resto de partes y el propio FROB.
Aunque los peritos judiciales reconocen la dificultad de conocer "qué sabían los directivos y administradores cuando prepararon y firmaron los estados financieros", recuerdan que "los administradores tenían más información" de la que algunos quieren entender.
Y tras el análisis de todos los datos, han concluido que todos los estados financieros de BFA y Bankia desde su constitución hasta la reformulación de las cuentas anuales incumplían la normativa aplicable y no expresaban la imagen fiel de la situación económico-financiera de dichas entidades.
Los peritos Víctor Sánchez y Antonio Busquets destacan las contradicciones y paradojas que se detectan entre los informes de los expertos contratados por Bankia, BFA, el expresidente de la entidad Rodrigo Rato o el propio FROB.
Hasta el punto de que "en un difícil equilibrio", alguno de estos expertos consideran correctas tanto las cuentas de 2011 inicialmente formuladas como las reformuladas.
En concreto, mientras que los profesores de la Universidad Carlos III a los que acudió Rato concluyen que la reformulación de las cuentas de Bankia "era ilegal" además de innecesaria y contraria a la normativa vigente, la profesora Araceli Mora asegura que es "inexplicable".
La exconsejera de Bankia alega que las causas que justificaban la reformulación de cuentas, como "las manifestaciones del Gobierno español, las nuevas previsiones macroeconómicas del FMI, los cambios normativos en materia de provisiones contables, o las previsiones del mercado hipotecario", no afectaron a los bancos, que ya tenían emitidos sus informes de auditoría.
Sánchez y Busquets también hacen alusión a lo sostenido por el catedrático Leandro Cañibano y el exinspector del Banco de España Rubén Manso, presentes en la causa a petición de Bankia y que sí justifican la reformulación de las cuentas.
Estos se basan en que otras entidades, como el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), también han reformulado sus cuentas; aunque en este sentido, los peritos del Banco de España les recuerdan que el FGD reformuló sus cuentas pero no en la fecha indicada, y además por otros motivos.
Cañibano y Manso defendían en sus escritos la adecuación de la reformulación de las cuentas en la "revisión de las estimaciones de la valoración de activos y pasivos", algo que refutan los peritos puesto que el Banco de España ya había detectado "mucho antes" ciertos deterioros significativos.
Según sostienen los peritos, los expertos consultados por Rato se contradicen también con los de Bankia, ya que el profesor Manso defiende que las cuentas se reformularon atendiendo a estimaciones "más ajustadas con la realidad" sobre la evolución del mercado inmobiliario, una cuestión sobre la que, recuerdan "existía información disponible".
En concreto, una salvedad de la auditoría de Bancaja Habitat, la división inmobiliaria de una de las cajas que dieron lugar a Bankia, por valor de "no menos de 2.500 millones de euros", que no fue incorporada al folleto de la salida a bolsa y cuyo saldo final era de 3.986 millones.
Además, este hecho ya figuraba en el informe de seguimiento de la inspección realizada por el Banco de España con fecha junio de 2011, por lo que, según los peritos judiciales, no se puede aducir desconocimiento.
