Dentro de la escenificación electoral en que parece convertirse la negociación por la investidura programada para dentro de unos días y que, lo saben todos, es muy improbable, destaca el acuerdo que ha caído como una bomba con efecto programado dentro del PSOE, sobre todo andaluz, por cuanto atenta contra ellos mismos y provoca, en principio, desmovilización de la militancia ante la consulta y más a tenor de la pregunta que se les hace y que, dicho sea de paso, es tratarles como a bobos. Piensan. Que Rivera, que de municipalismo sabe poco, pretenda eliminar las diputaciones puede resultar hasta comprensible, que lo acepte Sánchez sin que ninguno de los dos presenten un plan alternativo serio de gestión obedece o a un arranque de frivolidad absoluta, que lo es, o a la certeza de que para acometer este acuerdo se necesitan reformas imposibles sin la aprobación del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado. Es decir, acuerdan lo que saben que no van a poder cambiar, lo cual demuestra de antemano que todo esto no es más que una trampa, un juego visual, de malabares, un artificio de entretenimiento con dos actores menores que reclaman un papel para el que parece que no suman tablas.
¿En qué posición deja este acuerdo a los presidentes de diputaciones del PSOE? En algunos casos, como la de Cádiz, Irene García, se ha visto obligada a decir públicamente que “no” está de acuerdo, ¿cómo decir lo contrario?, mientras que otros, como Paco Reyes, han ido más lejos al rebelarse públicamente contra la medida, sentimiento que comparten Caraballo en Huelva o Villalobos en Sevilla, casos en que solo la prudencia por veteranía les ha hecho morderse la lengua pero les alimenta en ese frente de oposición que combate a Sánchez desde Andalucía. El alcalde de Sevilla, Juan Espada, asegura en privado que es un acto “inconsciente” y que responde al desconocimiento; todos, en definitiva, truenan, síntoma de una situación política interna muy difícil por cuanto el acuerdo responde a conceder las diputaciones para lograr lo menos malo, que es evitar a Podemos, elecciones o al PP. En todo caso, puestos a ello, desbrocemos matojo.
Reforma. Es evidente que la administración pública requiere reformas y que las planteadas a principios de legislatura por el PP no han servido de casi nada, a pesar de la eliminación de muchas empresas públicas, la mayoría vacías de contenido. Pero lo cierto es que los servicios siguen duplicados, triplicados en algunos casos y que la administración es muy cara y lenta. ¿Es necesario tener un Ministerio de Cultura, más una Consejería de Cultura con varias empresas públicas, más una delegación provincial de Cultura, más un área de cultura en Diputación y más concejalías de cultura en cada Ayuntamiento, dotándolas a todas de políticos y personal? Y, después de todo, ¿cuál es el balance en materia de cultura? Seguramente sean prescindibles los 52 Grupos de Desarrollo Local que existen en Andalucía, hoy sin financiación y sin contenidos, por no hablar de las mancomunidades. Al margen, la administración en general debe centrarse en garantizar servicios básicos esenciales y no meterse en otras lindezas como, por ejemplo, mantener televisiones deficitarias públicas, que siguen ahí por los siglos de los siglos sin que ningún partido las erradique y como ejemplo valga el PP en Algeciras, Podemos en Cádiz o el PSOE en Jerez y que les cuesta mucho dinero a los ciudadanos. Canal Sur, otro clamoroso ejemplo.
Un informe publicado por El Economista asegura que eliminando las 38 diputaciones de régimen común, que entre todas tienen 1.040 diputados, se ahorrarían 4.870 millones de euros anuales, es de suponer porque solo 27.500 de los 62.000 trabajadores que tienen han obtenido plaza por oposición y, en consecuencia, se entiende como personal laboral prescindible y sobre eso habría que preguntarle a Sánchez si es así como entiende la reforma laboral que anuncia; quedarían al margen las diputaciones forales de País Vasco y Navarra, las más costosas y que están reguladas por conciertos con el Estado. Las ocho andaluzas son de las más caras con un coste anual de 1.128,8 millones de euros. ¿Qué servicios prestan? Por ejemplo, Cádiz:
Asistencia Municipal. Es lo más importante de todo lo que hace. La institución cumple con este cometido gracias a personal adscrito a la oficina central de Cádiz y SAM comarcales y ofrece asistencia técnica, jurídica y económica para la redacción de proyectos como Profea o planes de inversiones; se prestan trabajos de apoyo a los ayuntamientos en relación con las competencias urbanísticas municipales, con la elaboración de planes generales de ordenación, planes especiales, planes parciales... Además, actuaciones como informes jurídicos para licencias de obras menores y mayores, de primera ocupación, de parcelación y segregación de fincas, el diseño y redacción de instrumentos de planteamiento, expedientes y trámites necesarios para su ejecución.
Recaudación. El servicio de recaudación, con en torno a 200 empleados, se dedica a la gestión tributaria de los tributos y demás ingresos de derecho público de los ayuntamientos. Además, se encarga de la gestión recaudatoria de la Comunidad de Regantes de la Costa Noroeste, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, los GDR Los Alcornocales, Asociación para el Desarrollo Rural Campiña de Jerez, Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de La Janda, Asociación para el Fomento de Nuevas Estrategias de carácter socioeconómico sostenibles e integradas de la Sierra de Cádiz y la Mancomunidad de la Sierra. La gestión recaudatoria ha garantizado a los ayuntamientos contar con un plan de anticipos mensuales que dotan de liquidez las arcas municipales.
Política social. Presta los servicios sociales comunitarios a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, entre los que cabe destacar: Refuerzo de la red básica para la atención a familias inmigrantes, ayuda a domicilio, dependencia, tele asistencia para mayores, tele asistencia móvil para las víctimas de la violencia de género, talleres, ludotecas, de apoyo familiar, de absentismo escolar y concesión de ayudas económicas familiar y ayudas de emergencia social. Diputación colabora con el centro comarcal de estimulación precoz Bajo Guadalquivir de Sanlúcar, atiende a discapacitados físicos, psíquicos con Afanas y Asansull y, en la Sierra de Cádiz, con Aparei-Asadifisa, colabora con la Federación Provincial de Asociaciones de familiares afectados por la enfermad de Alzheimer de Cádiz y mantiene convenios de colaboración para la atención integral de mayores en residencia de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro -Algeciras, Medina, Tarifa, Jerez-, o con el Ayuntamiento de Villamartín para el sostenimiento de la Residencia Municipal de Mayores Santa Isabel. Cuenta con una red de centros de tratamiento y prevención de drogo dependencias, congeniado con la Junta.
Además, el IEDT es un instrumento importante en el fomento del empleo, así como el Patronato de Turismo de cara a la promoción de la provincia; Diputación mantiene programación deportiva, la red de hoteles, un servicio de ganadería, Ifeca, que ha consolidado durante los últimos años una amplia oferta de ferias de comercio y ocio, Medio ambiente y Agencia de la Energía para el desarrollo de campañas educativas y planes de ahorro energéticos. También garantiza la prestación de servicios públicos básicos como el Consorcio de Bomberos o la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o de animales abandonados -Sierra y Janda-.
Suple las carencias de personal técnico de los pueblos de menos de 20.000 habitantes y, en muchos casos, en los de hasta 50.000, hace frente a la conservación de 800 kilómetros de carreteras secundarias y lleva a cabo obras en municipios que no tienen capacidad para acometer grandes proyectos. El Plan Provincial de Obras y Servicios, además, está soportado en su totalidad por la Diputación, que en la crisis ha sido el sostén económico de muchos ayuntamientos que han estado al borde de la quiebra. Además, en los últimos cuatro años ha gestionado más de 80 millones de euros de fondos europeos a través del IEDT, que han beneficiado a empresas, emprendedores, autónomos y a la práctica totalidad de municipios con inversiones en infraestructuras para el empleo, culturales y turísticas.
Esto es, a grandes rasgos, la Diputación de Cádiz que Sánchez y Rivera, entre otras, han tachado para el futuro. Es cierto que ha sido y es un nido de contratación política, que está sobredimensionada y que son muchos los aspectos a mejorar, tanto como que presta un servicio básico para municipios pequeños y que si se prescinde de ella será para establecer un modelo distinto del que nadie ha hablado salvo ese “consejo de alcaldes” que suena a tontería extrema.
Toda la administración pública requiere de una reforma seria, ir hacia un modelo más eficaz, menos costoso, con menos políticos y mejores técnicos, bien pagados para que sea un objetivo y por concurso público, independientes, que se prescinda de cuestiones que nada tienen que ver con necesidades esenciales como tener una red de hoteles deficitaria o televisiones públicas. Servicios al menor coste, delimitando el manejo político y eso en diputaciones y en toda institución financiada con caudal público, pero, claro está, bien es sabido que quien hace la Ley, hace la trampa, maneja el engaño, la treta, la confusión en esa forma habitual de actuar en política conocida como gatopardismo: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie…”
Bomarzo
