Hasta 262 municipios de los 771 repartidos por toda Andalucía se hicieron los remolones en 2014 y esquivaron su obligación de detallar en plazo las cuentas generales correspondientes a los ejercicios de 2011 y 2012. Esos documentos desglosan, partida por partida, el origen de ingresos y, sobre todo, cómo reparte cada ente local sus gastos, incluidos los que afectan a las empresas y sociedades públicas que de ellos dependen. Las corporaciones infractoras recibieron varios toques de atención durante el pasado año e incluso en 2015 de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano encargado de fiscalizar a las administraciones en la comunidad autónoma, pero ni siquiera las advertencias sirvieron para que acabaran sus deberes aunque fuera a destiempo. 

En total, 73 ayuntamientos habían hecho oídos sordos a mitad de este año a los tres requerimientos consecutivos y por ello se han ganado un tirón de orejas de la Cámara de Cuentas, que recuerda que presentar los pertinentes informes no sólo es una imposición legal sino que debería ser práctica habitual para garantizar el compromiso de transparencia que se intuye a toda administración pública. Y las consecuencias pueden provocar más de un dolor de cabeza a los alcaldes de turno, porque la novedad del informe de conclusiones publicado hace apenas unas semanas implica que esta vez se da traslado de la lista de infractores al Tribunal de Cuentas para que inicie un procedimiento sancionador que puede traducirse en multas y destituciones de funcionarios, pero también en la congelación de las entregas a cuenta de fondos estatales.

Las advertencias calaron entre los restantes 189 consistorios de los 262 señalados, que remitieron información en mayor o menor grado, en su totalidad o a falta de detalles adicionales. El resto, los apercibidos y para los que se abre la puerta de la sanción, no habían respetado el trámite en la fecha fijada como tope, el pasado 25 de junio.

Municipios pequeños

El perfil de esos 73 municipios que bordearon la legalidad responde al de una  localidad de extensión reducida, con una población por debajo de los 5.000 habitantes. De hecho, sólo dos (El Puerto de Santa María y Vélez-Málaga) superan los 50.000, mientras que otros dos (Barbate y Los Palacios y Villafranca) quedan en la horquilla de entre 20.000 y 50.000 vecinos.

La Cámara de Cuentas de Andalucía asume que cada cambio legislativo complica un poco más el escenario en el que se mueven los ayuntamientos, y eso suele traducirse en una menor rendición de sus cuentas generales. Así, cita el caso de 1992, cuando la entrada en vigor de la nueva Instrucción de Contabilidad de la Administración Local (ICAL) que sustituyó a la muy anticuada de 1952 provocó una caída del 66 al 45% en el grado de cumplimiento, para ir remontando en los años sucesivos. Algo parecido ocurrió en 2006 con el nuevo Plan de Contabilidad Pública Local, que volvió a resentir la presentación de datos con una caída desde el 60% de 2005 al 39% posterior.

Aunque lamenta los obstáculos con que se topa para ejercer su función de supervisión y fiscalización, la Cámara de Cuentas de Andalucía celebra que poco a poco los porcentajes de ayuntamientos cumplidores van incrementándose. Así, si en 2010 y 2011 ese indicador a duras penas sobrepasaba el 45%, en los dos ejercicios siguientes ha logrado remontar y moverse en una horquilla de entre el 65 y el 70%. Eso sí, el respeto a la obligación legal de los municipios de la región está  aún por debajo de la media nacional, que suele instalarse en torno al 80%. Queda camino por recorrer.

Todo un catálogo de excusas...

El argumentario que esgrimen los ayuntamientos infractores para justificar por qué no envían sus informes periódicos a la Cámara de Cuentas de Andalucía, pero también al Tribunal de Cuentas estatal, es variado. La explicación más socorrida suele apuntar hacia la insuficiencia de medios personales que arrastran las plantillas municipales desde que la crisis económica generalizó los recortes, algo que incidiría de forma directa en la escasez de personal cualificado que pueda hacerse cargo, en exclusiva, de esas tareas de forma regular.

En concreto, se alude a una alta rotación en sus puestos, e incluso a la ausencia, de interventores y secretarios generales en las corporaciones locales, con especial incidencia en aquellos municipios de población muy reducida que ni siquiera cuentan con funcionarios a los que poder encargar la redacción de los documentos reclamados.

Entre los obstáculos citados por los ayuntamientos infractores figura también la falta de dotación económica para adquirir medios materiales o tecnológicos con los que poder elaborar los listados que posteriormente darán forma al documento de la rendición de cuentas. En los casos en los que existen, se suele utilizar también la excusa de la incompatibilidad entre los formatos informáticos del consistorio con los utilizados por el resto de las administraciones.

Los alcaldes también se quejan del limitado apoyo que reciben por parte de las diputaciones provinciales en materia de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica. En ese apartado vuelven a figurar, de nuevo, los municipios de tamaño más reducido.

Hay otros casos en los que la justificación es quizás más pragmática: varios ayuntamientos recuerdan que no han cumplido con su obligación de remitir las cuentas generales porque simplemente se han visto atrapados en el juego de alianzas políticas y, al no contar con mayorías absolutas, no han sido capaces de darles luz verde en sus plenos municipales.
Por último, se cita que el incremento en el volumen de información económico-presupuestaria demandada por las administraciones fiscalizadoras ralentiza en exceso el procedimiento.

Los 73 municipios señalados

ALMERÍA

Berja, Garrucha, Vélez-Rubio, Oria, Alicún, Bayárcal, Enix, Félix, Lúcar, Uleila del Campo. 

CÁDIZ

El Puerto de Santa María, Barbate, Algodonales, Jimena de la Frontera, Prado del Rey, Vejer de la Frontera, Castellar de la Frontera, Benaocaz.

CÓRDOBA

Dos Torres, Pedroche, Villaralto, Fuente La Lancha, El Guijo.

GRANADA

Albuñol, Atarfe, Gualchos, Monachil, Santa Fe, Cortes y Graena, Itrabo, Purullena, Albondón, Alicún de Ortega,Busquístar, Cogollos de Guadix,   Morelabor, Pampaneira, Sorvilán, Torre-Cardela, Ventas de Huelma. 

HUELVA

Aroche, Higuera de la Sierra, Paterna del Campo, La Granada de Riotinto, Los Marines.

JAÉN

Sorihuela del Guadalimar, Espelúy.

MÁLAGA

Cortes de la Frontera, Monda, Algatocín, Atajate, Carratraca, Parauta, Pujerra, Vélez-Málaga.

SEVILLA

Los Palacios y Villafranca, Castilblanco, El Coronil, El Cuervo, Gerena, Montellano, Pedrera, Pilas, Villanueva del Ariscal, Alanís, Albaida del Aljarafe, Cañada Rosal, Carrión de los Céspedes, Guadalcanal, Huévar, El Real de la Jara, El Ronquillo, Lora de Estepa.