Los nuevos gobiernos autonómicos afrontarán su primer examen ante el Ministerio de Hacienda a finales de julio, cuando deben presentar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sus planes económicos financieros con medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de estabilidad ya aprobados. El ministerio que dirige Cristóbal Montoro espera de ellos realismo.
Dos días después de las elecciones autonómicas, Montoro les lanzó en público el mensaje a los nuevos gestores de que la herencia que van a recibir no es mala "en absoluto"; desde entonces, les ha recordado en varias ocasiones que deben cumplir la ley y seguir la senda de la reducción del déficit.
Las autonomías tienen marcados objetivos de déficit, deuda y regla de gasto y si en 2014 incumplieron alguno de ellos, están obligadas a presentar un plan económico financiero (PEF). Los datos definitivos publicados en abril apuntan que todas las autonomías fallaron en alguno de los tres apartados salvo Galicia, Canarias y Navarra, así que deberán examinarse en el CPFF de julio.
Incumplieron el objetivo de déficit todas las autonomías salvo las tres citadas y el País Vasco; superaron la regla de gasto País Vasco, Cataluña, Extremadura y Baleares y el tope de deuda, los gobiernos de Aragón, Castilla y León, Cataluña y La Rioja.
CONSEJEROS RECIÉN LLEGADOS
Los responsables de esos planes serán nuevos consejeros de Hacienda y buena parte de ellos, de un signo político distinto al de los actuales gestores, que van a llegar a sus despachos en las próximas semanas y en muy poco tiempo van a tener que afrontar la tarea de preparar ese CPFF. En este foro se aprobarán o no los planes que presenten.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a Europa Press que los nuevos gobiernos autonómicos no van a tener que afrontar más ajustes que sus predecesores, pero que deberán seguir la senda ya marcada para 2015 y 2016 y cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Según explican, Hacienda y Administraciones Públicas está abierto a escuchar las propuestas de todos los consejeros, a atender cada situación concreta e iniciativa que se les plantee, pero siempre que esté supeditada a alcanzar los objetivos de estabilidad.
En el calendario de los nuevos responsables de Hacienda hay otras fechas señaladas además del Consejo de Política Fiscal de julio: antes del 1 de agosto, deberán informar al gobierno del límite de gasto no financiero que aprueben y en septiembre, enviarán las líneas maestras del presupuesto que preparan para 2016.
Será ya en vísperas de que termine la legislatura para el Ministerio de Hacienda, que estará en plena elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2016. El Gobierno ha anunciado que enviará el proyecto al Congreso antes del 30 de septiembre.
VIGILANCIA SOBRE ARAGÓN, C.VALENCIANA Y EXTREMADURA
Otro capítulo lo constituye el pago a los proveedores. Las administraciones públicas están obligadas a pagar sus facturas dentro del plazo legal de 60 días. Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura han incumplido esta obligación, tienen activada una alerta y sobre ellas hay una especial vigilancia.
En última instancia, si no rectifican, la ley dicta que el Estado pague directamente a los proveedores deduciendo el dinero de la financiación de la Comunidad Autónoma.
SIN NUEVA FINANCIACIÓN
El Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio será posiblemente el primer encuentro entre todos los responsables de Hacienda del país. Hasta las elecciones de mayo, y dejando al margen a Navarra y al País Vasco por su régimen foral, el ministro Cristóbal Montoro se encontraba con once consejeros del PP y cuatro de otro partido (Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña).
Ahora, la proporción es casi la contraria: cinco consejeros del PP y el resto, o socialistas o nacionalistas. En cualquier caso, el ministerio cuenta con el 51 por ciento de los votos, lo que asegura que se aprueben las medidas.
A lo largo de esta legislatura, en el seno del CPFF se creó un grupo de trabajo para revisar el actual sistema de financiación, analizar sus deficiencias y plantear las bases de la renovación, una reclamación casi unánime de las comunidades autónomas. Cristóbal Montoro aseguraba aún hace unos meses que confiaba en iniciar este debate nada más transcurridas las elecciones autonómicas, avanzar en lo posible para intentar una reforma cuanto antes.
Sin embargo, el pasado miércoles descartaba ya esta idea. Por un lado, por falta de tiempo, a lo que añadió que el momento político no es a su juicio propicio con una precampaña electoral por las generales a la vuelta del verano.
Preguntado por la posibilidad de que ese debate se abra en el CPFF de julio, Montoro respondió que la reunión servirá para una primera toma de contacto con los nuevos responsables autonómicos.
