La investigación sobre los cursos de formación ya salpica a la Junta en la provincia

El presunto fraude en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía es el cuento de nunca acabar. Cada cierto tiempo se abre una nueva fase que a su vez implica otra serie de detenciones a manos, en esta ocasión, del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En concreto, este martes citó a declarar en Andalucía a 16 personas vinculadas con la gestión de los cursos de formación,  en una operación, denominada ‘Barrado’ en la que se investigan posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Entre estas citaciones destacan el exdelegado provincial de Empleo, Juan Bouza, y el ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional, Manuel Brenes, ambos del PSOE.
Los dos fueron llamados a declarar bajo amenaza de arresto y forman parte de los catorce exdirigentes políticos detenidos, junto a los delegados de Economía  y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano Prieto, y en Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que fueron destituidos ayer mismo por el Gobierno de la Junta en funciones.
La Guardia Civil ha desarrollado esta operación en el marco de las diligencias abiertas por el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que lleva la magistrada Mercedes Alaya, y no descarta más imputaciones. Así, tal y como explica la Guardia Civil en un comunicado, los agentes, que han registrado dos domicilios, han actuado en las ocho provincias andaluzas con tres citaciones en Sevilla; dos en Córdoba; dos en Cádiz; tres en Málaga y dos registros; una en Granada; dos en Huelva; dos en Almería; y una en Jaén.
Así, los agentes de la Guardia Civil han citado también a la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández.
También fueron citados bajo amenaza de arresto seis  exdelegados provinciales de Empleo, el de Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el de Málaga, Juan Carlos Lomeña; el de Córdoba, Antonio Fernández, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, Jaén, Irene Sabalete, y Granada, Marina Martín Jiménez, que actualmente es directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí. Todos ellos pasarán a disposición judicial una vez se practiquen las diligencias policiales pertinentes.
El objetivo de la investigación es esclarecer cómo el SAE adjudicaba y tramitaba las subvenciones para realizar cursos de formación profesional para el empleo y, en su caso, por qué no hacía seguimiento del cumplimiento de los fines ni solicitaba los reintegros de fondos indebidamente usados.