Las miradas de desconcierto de la noche electoral se han tornado en venablos verbales contra los adversarios políticos ante la posibilidad de perder el poder. El PNV, con Ibarretxe a la cabeza, necesita varias tazas de tila urgentemente. Lejos de considerar que su apuesta soberanista ha sido en gran parte culpable del descalabro de los nacionalismos radicales, el de ellos y el de sus socios, acusan a Patxi López de pretender dar “un golpe institucional” por aspirar a gobernar con los votos del PP.

Y este desmán verbal lo ha cometido el presidente del EBB Íñigo Urkullu, quien ve fantasmas de una estrategia de Estado entre los dos partidos constitucionalistas. Siempre se había tenido la convicción que el PNV tenía una sentido patrimonial de las instituciones y que no se consideraba administrador sino propietario de los órganos de poder en la sociedad vasca. Y la pataleta de estos días no hace más que demostrar el riesgo que conlleva perpetuarse tanto tiempo en la poltrona.

Es verdad que han ganado las elecciones pero la lógica democrática dice que si dos partidos suman sus votos y consiguen mayor número de escaños pueden hacerse con la Lehendakaritza. Si los vascos y las vascas (parafraseando a Ibarretxe) hubieran querido que el referéndum, la consulta y todos los planes de autodeterminación, saliesen adelante, les habrían votado masivamente. Pero el PNV se negó siempre a ver una realidad plural en la sociedad vasca, así como el consiguiente hartazgo ante los irredentos retos que desde Ajuria Enea le planteaban al resto del Estado. El pueblo vasco ha dicho basta ya a las obsesiones soberanistas de Ibarretxe y su partido no sabe que hacer con él.

Ya sólo cabe amenazar con “inestabilidad o parálisis institucional” en un momento de gravísima crisis económica, y lo que esto encubre es el terror a perder los miles de cargos públicos en los que se habían acomodado como en su casa.

Esta desafección de los nacionalistas (los catalanes de CiU ya han dicho que con ellos no cuenten en Madrid) debería propiciar una serie de pactos de Estado entre los principales partidos del Congreso para afrontar el principal problema que tiene los ciudadanos: la recesión económica.

Con 3,5 millones de parados no está el patio para peleas de vecindario por un sillón de mando que siempre creyeron de su propiedad y ahora descubren que sólo era prestado.