El portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva, Juan Romero, señaló esta semana que los espacios protegidos "hay que ordenarlos" y pidió a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que "exija responsabilidades, paralice aquellas construcciones que son ilegales y no culpe a los ayuntamientos".

Así lo explicó a Europa Press Romero, quien indicó que a pesar de que "tan sólo se permiten las restauraciones y las construcciones de naves de aperos relacionadas con actividades agropecuarias, que sean justificadas, el crecimiento urbanístico es tremendo acentuado por población foránea".

En este sentido, el portavoz subrayó que esta situación "favorece a los ilegales, ya que a los que edifican legalmente la Administración les niega una construcción de una nave de aperos, sin embargo permite que una persona construya una casa y que nadie se la tire".

Asimismo, apuntó que los políticos "miran para otro lado" y la Junta "lo consiente", ya que la orden de paralización "la tiene que dar cuando no hay licencia porque derribarla, una vez que esté construida, cuesta mucho dinero", y además cuando "se viola un precinto, constituye un delito por lo penal".

Juan Romero destacó que las cifras de aumento de las construcciones ilegales --39 en 2007 y 51 el pasado año-- "no son engañosas" ya que existe "una mayor demanda de ciudadanos que quieren mantener contacto con el campo", sin embargó puntualizó que "lo que hace falta es cumplir la ley y que los ayuntamientos ordenen su territorio".

Por último, precisó que parte de las competencias "las tienen los consistorios", pero en el caso del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva, la oficina del parque "tiene todas las competencias en materias urbanísticas", a pesar de que el pasado sábado la directora del parque, María Ángeles Fernández, señalara que la junta rectora "no tiene capacidad de decisión en estos temas", pero que "se discuten y se insta a la administración competente".

Las construcciones ilegales aumentaron en 2008 un 30 por ciento respecto a 2007, según datos facilitados por la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Estas sanciones se han impuesto por realizar edificaciones de diverso tipo que no contaban con la correspondiente autorización y éstas van desde construcciones, naves, cobertizos, casetas de aperos o de madera, piscinas o albercas, entre otras. Las licencias para dichas edificaciones son concedidas por los consistorios, teniendo en cuenta para ello el informe favorable o desfavorable del parque natural.

Por su parte, el fiscal de Medio Ambiente en Huelva, Alfredo Flores, ya apuntó que el aumento de sanciones de este tipo ha sido "espectacular" y que las autoridades "se están poniendo las pilas". En este sentido, señaló que en ocasiones, si los municipios no disponen de Policía Local, tienen que recurrir a la Autonómica y si "se rompen los precintos de las construcciones que se paralizan ya habría procedimiento legal".

Según explicó la directora del parque, la oficina del mismo "está muy pendiente", al mismo tiempo que destacó que "se trata de un proceso administrativo del ayuntamiento correspondiente o de Medio Ambiente y no de un procedimiento judicial abierto".