El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado destinar a una juez de adscripción territorial al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga complejas causas como el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, debido a que el juez de refuerzo que fue nombrado en su día finaliza su contrato el próximo día 31 de diciembre, lo que supone un nuevo contratiempo para la instrucción de este caso.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sala de Gobierno del TSJA acordó el pasado día 17 de diciembre nombrar una juez de adscripción territorial, de nombre Ana Rosa Curra Rojo, para reforzar el juzgado de la magistrada Mercedes Alaya, en una medida que no tiene relación alguna con la prolongada baja de la juez sino con el cumplimiento del contrato del juez de refuerzo, Iván Escalera.
Según las mismas fuentes consultadas, Iván Escalera, que fue nombrado hace seis meses para ayudar a combatir la enorme carga de trabajo del Juzgado en cuestión, cumple su contrato el día 31 de diciembre, fecha a partir de la cual prestaría sus servicios en el Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Así, la juez de adscripción territorial --juez titular pero sin plaza fija-- Ana Rosa Curra Rojo, que procede del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, comenzará a trabajar en el Juzgado de Mercedes Alaya a partir del próximo día 3 de enero y su contrato tiene una duración mínima de seis meses prorrogables.
Esta medida supone un serie contratiempo para el caso, puesto que la magistrada titular continúa de baja por enfermedad y la juez de adscripción territorial no conoce el asunto de los ERE, una causa que sí conoce por el contrario Iván Escalera, quien de hecho ha adoptado varias decisiones de calado.
A todo ello se suma que el Gobierno ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que propone, entre otras medidas, la práctica desaparición de estos jueces no profesionales.
DECISIONES DE CALADO
Así, Iván Escalera decidió rebajar a 50.000 euros la fianza para que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero pudiera abandonar la prisión, cosa que hizo el 22 de octubre.
De igual manera, el juez de refuerzo dictó un auto en el que decretó el secreto de sumario durante un mes del caso de los ERE a fin de ampliar la investigación sobre personas no imputadas e indagar la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
Este secreto, conviene recordarlo, fue prorrogado posteriormente durante otro mes más por la "gravedad" de los delitos que se investigan y a fin de identificar a los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados.
