Unión, Progreso y Democracia (UPyD) reclama al Gobierno que cree un Consejo de Estabilidad Presupuestaria formado por expertos independientes que se encargue de calcular el déficit estructural y de supervisar y controlar la política fiscal de todas las administraciones públicas.
Así consta en sus enmiendas a la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada el pasado mes de febrero, a las que ha tenido acceso Europa Press, y en las que la formación magenta considera que "no tiene sentido" utilizar el déficit estructural como "eje fundamental" de toda la normativa y, sin embargo, "no definirlo claramente".
Para "garantizar" que las estimaciones de crecimiento y otros índices macroeconómicos no se vean "sesgados por criterios de conveniencia política", UPyD considera "conveniente" que, en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la ley, se cree este organismo independiente del Gobierno.
El nuevo Consejo deberá ocuparse de calcular los objetivos de estabilidad y deuda pública, que tendrán que estar "desglosados" por autonomías para que "no puedan utilizar otros (cálculos) realizados expresamente para su territorio, lo que podría dar lugar a que la integración de todos ellos no resultase equivalente al del conjunto nacional".
Además, recuerda que en el Memorándum de Entendimiento firmado entre España y la Comisión Europea para el rescate bancario el Ejecutivo comunitario ya exige a España el establecimiento de esta oficina presupuestaria independiente.
GARANTIZAR UNOS MÍNIMOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Por otra parte, la formación que encabeza Rosa Díez incluye en una de sus enmiendas la propuesta de que el Gobierno determine un suelo de gasto obligatorio en servicios públicos fundamentales para todas las administraciones públicas, de la misma manera que ya se encarga de fijar el techo de gasto obligatorio.
En este sentido, el Ejecutivo central tendrá que "garantizar los recursos necesarios para que se proporcionen los servicios públicos fundamentales en condiciones de igualdad, priorizando así los recortes en otro tipo de gastos no esenciales".
Aunque el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a esta modificación normativa se ha ampliado hasta el próximo día 23 de agosto, UPyD ha registrado ya en el Congreso sus 25 propuestas de cambio.
EL CONGRESO DEBE EJERCER EL ÚLTIMO CONTROL
Con respecto a la posibilidad de que el Estado rescate a las comunidades autónomas que no puedan hacer frente a sus compromisos de estabilidad presupuestaria, UPyD exige en una enmienda que sea el Congreso el que autorice en última instancia cualquier operación extraordinaria de liquidez.
"Se establece que sea el Consejo de Ministros, con la ratificación del Congreso y no con un simple acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, quien pueda prorrogar los plazos para acceder a los mecanismos extraordinarios de liquidez. En caso contrario, se estaría estableciendo un mecanismo de rescate permanente sin control parlamentario", justifica la formación.
Además, propone que la información de cumplimiento de los planes de ajuste por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos se traslade mensual y no trimestralmente; y que cualquier requerimiento de información extra sea de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.
UPyD plantea en otra enmienda que "la Administración central no asumirá ni responderá de los compromisos de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales y de los entes vinculados o dependientes de aquéllas, ni directa ni indirectamente a través de mecanismos como la modificación puntual de los sistemas de financiación, los préstamos ad hoc para financiar desfases, la condonación de deudas y de liquidaciones pendientes de pago, o procedimientos similares".
Y es que, a juicio de la formación magenta, los mecanismos extraordinarios de ayuda a la liquidez de las administraciones territoriales ya aprobados --como la línea ICO para pagar facturas municipales-- deben ser "puntuales e irrepetibles".
SEGURIDAD SOCIAL
Por último, UPyD incluye una enmienda de supresión del punto en el que se permite que, en el caso de que el sistema de pensiones prevea un déficit en el largo plazo, el Gobierno pueda revisar el sistema aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad en los términos y condiciones previstos en la Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del sistema de Seguridad Social.
"No se ve la necesidad del automatismo. El factor de sostenibilidad ya está previsto en la Ley citada, y los ajustes deberán acordarse en el marco del Pacto de Toledo", reclama.
