Los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables del grupo Magtel, han negado este martes en el juicio por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar a la alianza México-Minorbis; sociedad esta última perteneciente a su grupo empresarial; que gozasen de cualquier "trato de favor" por parte de la Junta de Andalucía como promotora del concurso público.
Primero Mario López Magdaleno y después su hermano Isidro, quienes han comparecido este martes como acusados en este juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, han negado tajantemente que "nunca, para nada" disfrutasen de "trato privilegiado" por parte de responsables de la Junta de Andalucía a la hora de participar en el concurso público promovido por la Administración autonómica para encargar los nuevos derechos de explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, marcada por la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Eso sí, los empresarios responsables de Magtel sólo han accedido a responder preguntas de su abogado defensor y del tribunal, no así de la fiscal del caso, que no formula acusación; ni de las acusaciones ejercidas por Emerita, que pujó también en el citado concurso, Andalucía Mining y Ecologistas en Acción.
En ese marco, Mario López Magdaleno, en unas palabras posteriormente ratificadas por su hermano, ha negado tajantemente que "nunca, para nada" disfrutasen de "trato privilegiado" por parte de responsables de la Junta. "Todo lo contrario, siempre se nos miraba con mucha más exigencia que a las empresas de fuera", ha enfatizado Mario López Magdaleno, descartando además cualquier tipo de relación de amistad con los funcionarios o responsables institucionales de la Junta acusados en este mismo juicio.
Este empresario ha relatado que desde aproximadamente "un año y medio" antes de anunciar la Junta de Andalucía la convocatoria de un concurso público para volver a adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de su balsa de metales pesados; Magtel ya venía dedicándose a las actividades de minería porque "afortunadamente" en Andalucía hay notables yacimientos en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla.
En ese sentido, ha explicado que Magtel fundó su empresa satélite Minorbis "como sociedad vehículo" para las actividades mineras y que de cara al mencionado concurso público, sondeó hasta "diez o 12" empresas internacionales del sector porque ni Minorbis ni su matriz Magtel contaban con "capacidad técnica ni financiera" para afrontar en solitario un proyecto de tantas "dimensiones" como la reapertura de la mina de Aznalcóllar.
Fue a través de la consultora Deloitte, que ya trabajaba para Magtel, según ha precisado, como surgió la propuesta de entrar en contacto con Grupo México, una empresa internacional del sector de la minería, que a su juicio aceptó aliarse con Minorbis no sólo por este proyecto, sino además como vía para explorar otras oportunidades en Andalucía.
De este modo, ha destacado que en el mundo empresarial es "normal" una alianza como la conformada entre Minorbis y Grupo México, precisando que la primera concurría al concurso y la segunda ofertaba su "respaldo" técnico y económico, pues al poco de formalizar su pacto aportó "93 millones de euros". También ha definido como "normal" que para la explotación de la mina, ambas entidades creasen la sociedad de propósito específico Minera Los Frailes, encabezada por Grupo México.
Mario López Magdaleno ha negado así cualquier vínculo de amistad con los miembros de la Administración andaluza responsables del concurso o de la mesa de contratación; figurando entre los demás acusados de este juicio el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto y diferentes funcionarios de la Junta.
Al hilo, Mario López Magdaleno ha defendido que la facturación de las empresas del Grupo Magtel a la Junta de Andalucía constituye apenas "un uno por ciento" de su volumen total de negocio, o sea "muy poco".
Y especialmente, ha avisado de que la denuncia penal de Emerita, la apertura y desarollo del procedimiento judicial que ahora cristaliza en este juicio y su repercusión mediática han causado "mucho daño" a Magtel y al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar. "Ha sido una barbaridad", ha lamentado.
Un mando de la UCO señala "muchos correos" entre Magtel y la Junta pero descarta "influencias"
Un responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha manifestado este martes en el juicio que que la investigación detectó "muchos correos" electrónicos entre los responsables de Magtel y el acusado Vicente Cecilio Fernández Guerrero, entonces secretario general de la Consejería de Innovación; pero no indicios de "influencias" o de "compensación" económica a los miembros de la Administración andaluza como promotora de la licitación.
Este responsable de la UCO de la Guardia Civil ha ratificado en el juicio el contenido del informe realizado por dicho departamento sobre el caso durante la instrucción de la causa.
Este agente ha explicado, a preguntas de las acusaciones y la fiscal del caso, --que ha pedido la absolución de los 16 acusados--; que ciertamente a la hora de investigar las comunicaciones entre el grupo Magtel como entidad que pujaba por los derechos de explotación de la mina y los responsables de la Junta de Andalucía, "faltaban correos", si bien ha precisado que dicho extremo podría derivar de "muchos motivos" más allá de un borrado intencionado de los mismos para ocultar supuestamente información.
Por eso, este agente ha negado que sea declarada una situación de "obstrucción" como tal a la investigación policial del asunto.
El investigador ha señalado que las pesquisas detectaron "muchos correos" entre miembros de Magtel y el acusado Vicente Cecilio Fernández Guerrero, entonces secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo y otrora presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); pero ha declinado valorar si se trata de algo "normal" en este tipo de relaciones entre empresas y administración pública.
Y es que según ha detallado, tales correos aludían no sólo al concurso de Aznalcóllar sino que ambas partes "hablaban de muchísimos temas" relacionados con las actividades económicas de Andalucía; señalando la acusación particular de Emerita que algunos de los mismos aludían a propuestas de reuniones o incluso un "almuerzo" entre ambas partes cuando el concurso afrontaba ya su "segunda fase"; y respondiendo este investigador que los contenidos de estas comunicaciones figuran en el atestado.
Pero a preguntas de la fiscal del caso, este mando de la UCO ha expuesto que el contenido final de tales correos electrónicos entre el entonces secretario general de la Consejería de Innovación y los responsables de Magtel, no tenía "mayor relevancia" a efectos de la investigación de posibles ilícitos; además de que también fueron detectados intercambios de correos entre responsables de Emerita y de la Junta de Andalucía.
De este modo, y a preguntas de la fiscal, ha manifestado que la investigación no detectó indicios de "influencia" por parte de miembros de Magtel a los cargos y funcionarios de la Junta investigados por su papel en el concurso públicos y la mesa de contratación; como tampoco fue hallado ningún vestigio de "compensación" económica para estos últimos, siendo indagados tanto sus patrimonios directos como los de sus familiares.
Los únicos ascensos en la jerarquía de la Junta constatados tras el mencionado concurso, según ha indicado, fueron los de Vicente Cecilio Fernández Guerrero y la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, políticos en ambos casos.
