Lipasam ha calculado en 26,19 millones de euros el coste que supone cumplir con los requisitos de la Ley de Residuos y que obliga, a partir de abril, a establecer una tasa específica en la que se traslade el coste del tratamiento y gestión de todos los residuos a todos los ciudadanos. La ordenanza que pretende regularlo ha sembrado muchas dudas en el seno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), que considera que ni se aclaran los criterios para repercutir ese coste en las diferentes tarifas ni cumple con los objetivos de la ley, que quien contamine, pague.

La ordenanza establece diez tarifas, entre ellas que cada sevillano empadronado pague al mes una tasa de 1,15 euros, pero según el dictamen del CESS, “tal y como está configurada la tasa, lo único que se hace es repartir el coste que recoge el informe técnico-económico (26,19 millones), pero sin indicar qué criterios se han utilizado para su repercusión entre las diferentes tarifas ni va encaminada a cumplir con los objetivos de la Ley de Residuos”.

Según subraya, “la configuración de la tasa no cumple el objetivo de que pague más quien más contamina o más residuos genere”, siendo especialmente crítico con el “tratamiento proporcional en función del número de personas empadronadas en cada domicilio”, que a su juicio “no incentiva de ninguna forma el esfuerzo de reciclar, pues tal y como está configurado, el ciudadano va a pagar el mismo importe con independencia del esfuerzo por separar los residuos en origen que haga”, otro de los objetivos de la tasa.

Cómo se repercute

El CESS cree que se deben analizar los costes reales que deben financiarse con esta tasa y exponer de forma clara cómo se ha repercutido en cada una de las tarifas y su total separación de los costes computados en la actual tasa de recogida de basuras vigente, que se abona con la factura del agua y que cree son “diferentes pero complementarias”.

“No sabemos si cuando se ha determinado el coste del servicio por parte de Lipasam a los efectos de esta tasa, se han incorporado costes que han sido tomados en consideración para la tasa de basuras ya vigente, lo que de confirmarse podría dar lugar a una doble imposición parcial”, advierte.

Del informe técnico-económico, el CESS “echa en falta la información sobre los ingresos que podría obtener Lipasam por la recogida, transporte y venta de residuos, así como conocer cómo se ha realizado el cálculo de repercusión de estos costes en cada una de las tarifas”, una falta de información que “imposibilita analizar si el reparto que se ha realizado es adecuado o no”.

Tampoco contemplan, como aconseja la FAMP, “otras fuentes de financiación, que permitan reducir el coste neto del servicio y, en consecuencia, el coste a repercutir a través de la tasa, o regular bonificaciones que podrían establecerse”, además de recomendar diferenciar una parte de la cuota por la disponibilidad del servicio y otra por generación (especialmente ante viviendas o locales vacíos), concienciar sobra la separación en origen y actuar contra el vandalismo.

Por último, reclama elaborar un proyecto que vaya orientado a la consecución paulatina del objetivo “pago por generación”.

Impacto en la ciudadanía

Al respecto, el sindicato CCOO se ha mostrado “profundamente” preocupado por el “impacto que esta tasa tiene sobre la ciudadanía, así como la falta de transparencia y justicia social en su aplicación”, apuntando que “la transición hacia una economía circular debe ser una oportunidad para avanzar en justicia social y sostenibilidad, no una carga que perpetúe las desigualdades existentes”.

Así, ha reclamado más transparencia y la publicación periódica de informes sobre el destino de los fondos recaudados; que se aplique una escala progresiva basada en la renta; establecer exenciones y bonificaciones; invertir más en mejorar la gestión de residuos, educación ambiental y programas de reciclaje; y abrir la aplicación de esta tasa a la participación ciudadana.

Por su parte, el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha apuntado que “tenemos la impresión de que tal y como se nos ha presentado esta nueva tasa, que se ha hecho con gran premura e improvisación, lo cual nos crea desaliento al ver como una administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Sevilla, actúa tan a la ligera a fin de cumplir plazos, sin importar el contenido y sin enviar memoria justificativa de la tasa”

Ginés ha cuestionado que pueda darse una doble imposición con la tasa de la basura actual; que “hagas separación en origen o no vas apagar lo mismo”; que un piso turístico “paguen menos que ciertos locales comerciales y ciertos hoteles”; y que no se contemplen los ingresos por transporte de residuos o compostajes.

1,15 euros por empadronado pero con contador de Emasesa

La ordenanza establece que cada empadronado deberá abonar 1,15 euros al mes si tiene contador individual o colectivo de Emasesa, pero si no lo tiene, la cuota pasará a 8,27 euros.

En el caso de los locales comerciales, la cuota varía según superficie, oscilando entre los 15,80 y los 96,80 euros, aunque se multiplicarán los 1,6 si son de ocio y hostelería y 1,4 si se dedican a una actividad financiera o de seguro.

En cuando a los alojamientos, los hoteles de máxima categoría, abonarán 3,97 euros por plaza y trimestre, que bajará a 3,65 en el caso de dos y tres estrellas, y 2,38 si son de una estrella, pensiones y albergues, mientras colegios mayores y residencias de estudiantes, abonarán 1,99 euros.

En el caso de los apartamentos y viviendas con fines turísticos se establecen cuatro tramos en función de la calle en la que se ubiquen. Así, en aquellos ubicados en calles de primera categoría la cuota por plaza y trimestre sería de 2,48; que bajaría a 1,99 en las de segunda; a 1,49 en las de tercera y a 0,99 euros en el caso de los de cuarta categoría o inferior.

Respecto a las grandes superficies, los grandes almacenes e hipermercados deberían abonar según superficie, con siete tramos, desde los 843,88 a los 7.594,92 euros, mientras que los otros grandes establecimientos, con cinco tramos, la tasa pasa de 431,87 a 2.159,34 euros. Los autoservicios de alimentación tendrán ocho tramos, de 156,37 a 1.094,56 euros.

Hospitales, clínicas, ambulatorios y centros sanitarios, públicos y privados, además de cárceles, cuarteles y similares, la tarifa se establece por contenedores de uso exclusivo o compactadores estáticos y las cuantías oscilan entre los 287,91 a los 12.310,72 euros.

Para las casetas de feria se contempla una cuota fija de 36,73 euros y los terrenos sobre los que se construyen casetas, 0,47 euros por metro cuadrado, mientras que para las actividades temporales que no excedan los dos meses, la cuota será de 28,29 euros.

También pagarán la tasa los centros docentes, que va desde los 1,09 euros por plaza si es un internado; 0,47 euros los que tengan cocina y comedor, y 0,20 los que no tengan nada de lo anterior.
Abonarán también su cuota los centros oficiales de administraciones territoriales, los de menos de 500 metros tributarán como local normal y los que lo superen irán desde los 98,80 euros a los 248,20 si superan los 5.501 euros al trimestre.