l caso Astapa, contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona hasta junio de 2008, ha concluido una de las últimas etapas de su recorrido judicial: dieciséis años después de que se produjeran las detenciones, la Audiencia Provincial absuelve a 31 acusados y condena a multa o suspensión a 15. Es notorio que las dilaciones indebidas, motivadas por una causa maldita desde el principio, sin que hubiera suficientes medios materiales y humanos para sacar adelante tamaño sumario, han redundado en una rebaja total de penas, por lo que, si había algo que perseguir, ha quedado impune. Pero, en la otra mano, uno debe recordar que cuando la justicia llega tarde ya no es justicia, sino tal vez venganza. Este fallo extemporáneo llega tan tarde que hay personas que han pasado imputadas dieciséis años. Dieciséis años de una vida sin saber si uno va a acabar entre rejas y con el reproche social de conductas relativas a la corrupción urbanística y política chispeando en los ojos de quienes fueron tus vecinos y un día te votaron. La pena de banquillo ya ha sido tan contundente en este caso que uno se pregunta si una justicia que tarda tantísimo en dictaminar respeta los derechos humanos. Y no es culpa ni de la sala que sentencia ni de la Fiscalía, que, desde el principio, alertó de la alarmante falta de medios humanos y de recursos materiales para sacar adelante la investigación, algo grotesco comparado conMalaya, en la que, entre las primeras detenciones (29 de marzo de 2006) y la emisión de la sentencia (octubre de 2013), distaron apenas siete años y medio, que es mucho, pero menos que el tiempo acumulado en Astapa. Aquello sí interesaba y esto, claro, no. A los políticos. A los jueces siempre les interesó. Por eso la judicatura ha pedido medios y no se ha engañado con la situación de su servicio público. Ahora la meta es el Tribunal Supremo, que hablará cuando toque, y los ya condenados habrán de seguir levantándose cada día con la sospecha pintada en sus caras y con la sensación de ser los perdedores de un sistema incapaz de garantizar una justicia mínimamente ágil que no desgarre con sus zarpas la presunción de inocencia manteniendo a fuego lento investigaciones eternas; y los agentes que investigaron podrán tener la seguridad de que alguien se ha pasado por el arco del triunfo las horas y desvelos que se ha llevado para siempre este asunto, viciado desde el principio, con la posibilidad susurrada en los medios (no lo sé, la verdad) de que un exalto cargo policial amigo de las grabaciones se haya paseado también entre bambalinas en este expediente. En fin, qué pena.
