Dos años de prisión por agredir a una menor y obligarla a firmar un contrato de sumisión

Un hombre que exigió a una joven de 14 años firmar lo que denominó un “contrato de sumisión” que la obligaba a estar a su disposición las 24 horas del día, de lunes a domingo, y a agredirla sexualmente donde él dijera, ha sido condenado a dos años de cárcel y a cuatro de libertad vigilada.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, señala que el acusado reconoció los hechos y admitió que cuando quedó con ella para que firmara el acuerdo la sometió a diversos tocamientos en el lugar del encuentro, en un autobús y en el domicilio de él, lugar donde la agredió sexualmente.

Señala el tribunal que la menor conoció al acusado en un local de ocio de Murcia en el verano de 2019 y que a partir de entonces mantuvieron contacto a través de dos redes sociales, por medio de las cuales se intercambiaron fotos eróticas.

A principios de octubre de 2020 el acusado le remitió el “contrato de sumisión”, que incluía una relación “amo-sumisa” a través de la cual le proporcionaría a ella la oportunidad de experimentar y explorar su sexualidad “a través de la sumisión y el dolor” y la obligación de aceptar el sadismo como elemento principal de la relación.

El día de la cita, en la Estación de Autobuses de Murcia, el acusado le entregó el documento de sumisión para que lo firmara, y aunque en un principio ella se negó, doblegó su voluntad al comentarle que tenía en su poder fotos comprometidas.

Ese mismo día le hizo tocamientos en un banco de aquel lugar; luego, en el autobús que tomaron; y finalmente en la casa del denunciado, donde, además de agredirla sexualmente, le propinó arañazos y fuertes golpes.

La víctima no comunicó lo ocurrido a su madre hasta abril de 2021, cuando se lo dijo por consejo de varios amigos.

La sentencia, que le aplica la atenuante de confesión de los hechos, lo condena también a indemnizar a la víctima con 7.000 euros por daños morales, cantidad que podrá abonar en sesenta plazos mensuales, y le impone una orden de alejamiento de 200 metros por siete años.

El tribunal ha acordado dejar en suspenso el cumplimiento de la pena privativa de libertad por cinco años a condición de que no vuelva a delinquir en ese tiempo, abone la indemnización y se someta a seguir un programa de educación sexual.