Tamara y Jesús son una pareja de poco más de veinte años de edad que viven en un piso ocupado del bloque tres de las ‘cincuenta y cuatro viviendas’, un conjunto de cuatro bloques ubicado en la avenida Ingeniero Ángel Mayo (antigua León de Carranza).

El pasado martes recibieron un escrito del Juzgado número uno de Jerez conminándoles a que abandonen la vivienda en un plazo de cinco días, periodo que acabará el lunes, por lo que temen que en cuestión de horas se presenten los responsables del juzgado con la Policía para obligarles a dejar la vivienda.

El decreto de desahucio, con número 13/2010, autoriza la entrada en el domicilio, por lo que aunque ya han recibido cuatro escritos como ese, es con éste último con el que piensan que los pueden echar.Tamara, que se ha dirigido a este periódico para exponer su problema, asegura que no tiene medios, que trabaja -limpiando- cuando puede y que su pareja, que acaba de salir de prisión, está igual que ella, sin empleo y sin recursos. “En casa de mi madre no cabemos, tengo más hermanos y el piso es de sólo dos habitaciones, por eso ocupamos éste”, comenta.

Por eso y por su precariedad económica es por lo que dice que ocupó el piso “que estaba vacío y abandonado”, y que ha conseguido acondicionar con muebles y enseres que le han ido dando vecinos y amigos.Asegura que ha solicitado en alguna ocasión vivienda de protección al Ayuntamiento, pero que nunca le han facilitado ninguna, si bien no sabe decir si está en el registro de demandante de vivienda que se cerró recientemente.

En su intento por conseguir un lugar donde vivir ha estado protestando ante las puertas del Ayuntamiento, e incluso logró que la alcaldesa la recibiera, quien le dijo que “cuando me viera en la calle ella me iba a solucionar el problema”.

Por este motivo asegura que en cuanto la echen del piso se irá a las puertas del Ayuntamiento para recordarle a la alcaldesa la promesa que la hizo y que la cumpla.

En la actualidad vive en condiciones precarias ya que no tiene ni luz ni agua, al menos de manera oficial, ya que sí dispone de ambos servicios, pero dice que los consigue porque se los facilita su madre, a la que está ‘enganchada’.

Su principal preocupación son sus dos niños pequeños. “Si me echan... ¿dónde voy, a la calle?; pues me pondré en las puertas del Ayuntamiento”, insiste, a la vez que asegura que hoy jueves tiene intención de presentarse en el Consistorio para hablar con la alcaldesa.

La familia, su madre y su suegra, que están presentes en la casa mientras se produce la conversación con este medio, intervienen para advertir que la “dueña de esta casa”, en referencia a la adjudicataria de la vivienda que es de la Junta, “vive en Los Pitufos”.

“Se llama Rosa -interviene su madre- y yo estaba aquí cuando vino a ver la vivienda que le habían dado -vino con su madre, especifica- y le dijo a Tamara que ella no quería el piso”, recomendándole que luchara por él.

No obstante, señalándoles que es la Junta, a través de EPSA la que reclama el piso y no una persona física, subrayan que les resulta extraño que sólo le pidan a Tamara que deje el piso que ocupa cuando en los otros bloques (son cuatro) hay otros muchos pisos ocupados “y otros vendidos ilegalmente, sin papeles” que no se han reclamado y menos judicialmente, como a ella.