La participación ciudadana es rentable

A nuestro país aún le falta experiencia de Gobierno democrático. La actividad política se ha limitado, en la mayoría de los casos, al mimetismo empresarial y a dirigir la maquinaria administrativa sin programación y con técnicas de supervisión. El político se convierte en una mezcla de gestor y amo, sin tener que ser ni una cosa ni la otra. Se olvida que el principio participativo es consustancial a la democracia y que la participación activa de la sociedad es el respaldo básico en el que se fortalece el sistema democrático.

La participación sirve como motor para que los gobiernos ajusten sus actuaciones a planteamientos realistas y acordes con las exigencias del bien común en cada momento. Por ello, el gobernante debe contar con los ciudadanos y responder ante ellos del éxito o fracaso de su actuación, ya que los ciudadanos son los titulares del poder y responsables del comportamiento político y social de sus representantes.

Conviene tener presente que el principio participativo desvanece aquella idea de disociación entre súbdito y soberano. El pueblo no debe ser agente pasivo de las decisiones del gobernante. En el concepto de poder, propio de la democracia, ciudadano y gobernante son las dos caras de una misma realidad.: “Unos gobiernan a instancias de otros, bajo la responsabilidad de todos”.

Limitar la democracia a emitir un voto cada cuatro años es una idea errónea. Una sociedad es democrática cuando sus ciudadanos participan en los asuntos públicos. Por ello, nadie debe arrogarse ser dueño de las decisiones que afectan a todos. Los partidos deben presentar en sus listas electorales a gente con capacidad de diálogo y receptores de las iniciativas ciudadanas. Las propuestas, elaboradas por grupos y asociaciones desprovistas de intereses partidistas, la mayoría de las veces, serán más económicas y beneficiosas que lo que se gestiona desde el poder.

Al ciudadano que aporta ideas, de ninguna de las maneras habría que verlo como enemigo sino como agente capaz de implicarse en beneficio del bien común. No hay que tener reparo en afirmar que el déficit de muchos ayuntamientos es debido, además de a una mala gestión, a que han aumentado sus plantillas como si de grandes empresas familiares se tratase, sobrepasando los límites de su capacidad presupuestaria; cosa que se podría evitar si hubiese una participación ciudadana, con actuaciones sin coste alguno.

Por falta de diálogo y consenso en la elaboración de leyes, cada vez que un partido llega a gobernar emprende cambios y reformas normativas para poder aplicar “su concepción” sobre la materia que se trate. Así, el Sistema Educativo ha recibido tantos cambios como gobiernos han existido. Nuestro Parlamento dedica demasiado tiempo en leyes que después no se aplican. La desconexión entre ciudadanos y las discusiones parlamentarias suelen dar una imagen negativa de la eficacia del trabajo parlamentario y mucho más de la dudosa necesidad del Senado.

Difícilmente el ciudadano puede comprender que la Administración, en la misma medida en que se multiplica, es más dudosa su utilidad: Junta, Diputación, delegado del Gobierno, subdelegado de la Junta, coordinador del Gobierno, Mancomunidad, ayuntamientos. ¿Para qué sirven todos?

Ensanchar la democracia no es tener más aparatos burocráticos administrativos, sino dejar espacio para que cada ciudadano encuentre cauces no sólo para ser escuchado, sino también para tomar parte en la gestión. La experiencia nos demuestra que el trabajo del voluntariado disminuye los gastos económicos de muchos servicios que se prestan, entrando de lleno en el derecho básico a participar.