El sindicato CSI-F se mostró hoy "preocupado" por los ejes de actuación que planea la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el nuevo borrador de Decreto sobre los Reglamentos de Organización de Centros (ROC) y, en concreto, en los puntos que hacen referencia al aumento de funciones y competencias de los directores de los IES porque, "con tanto poder decisorio, van a convertir a los directores en los nuevos patronos de la educación".

Según indicó el responsable de Enseñanza del CSI-F en Andalucía, Paco Hidalgo, pese a que "puede ser cierto que haya que aumentar la capacidad de decisión de los equipos directivos", este incremento debe hacerse "siempre potenciando al mismo tiempo la estrecha colaboración de los mismos con los claustros, cosa que no aparece tal cual reflejada en los ROC".

En ese sentido, también criticó, por la "polémica que está levantando entre el profesorado", la potestad disciplinaria que se prevé dar con los nuevos ROC a los directores, que serán ahora los encargados de sancionar con apercibimientos a aquellos docentes que comentan "faltas leves", en lugar de las respectivas Delegaciones Provinciales de educación.

Para Hidalgo, estas modificaciones respecto a los anteriores ROC pueden provocar "discriminaciones innecesarias" de algunos docentes respecto a otros ya que, en su opinión, se pueden dar casos de profesores "que trabajen en institutos de un mismo pueblo y tengan condiciones de trabajo diferentes, y eso sería un grave error".

Con esto el responsable de Enseñanza del CSI-F en Andalucía se refería a la nueva propuesta de organización de los departamentos prevista en los ROC, con la cual, los centros contarán a partir del próximo curso con tres grandes áreas competenciales en las que se englobarán tantos departamentos crean necesarios el equipo directivo, dejando así en manos del director la asignación de los directores de los citados departamentos, así como de las horas que le corresponden a cada uno. "Es un gran retroceso democrático que la elección de estos responsables no la realice el profesorado", añadió.

Según Hidalgo, esto traerá consigo, de forma "inevitable", criterios dispares según el centro donde trabaje el docente y que "no todos los profesores trabajen en las mismas condiciones ni obtengan el mismo reconocimiento profesional, teniendo, eso sí, las mismas obligaciones y funciones en su quehacer diario".

En este sentido, lamentó que esta circunstancia fuera consecuencia de una mala concepción del concepto "autonomía de centro" por parte de la Consejería de Educación, ya que, a su entender, la autonomía debe aplicarse, por ejemplo, "a cuestiones como la elaboración de los Planes de centro o a la adaptación al entorno de cada instituto, pero no entenderse como que sea el director quien elige cuántos departamentos didácticos existen y cuántas horas se le asignan a cada uno de ellos".

"Cuestiones tan importantes como éstas no se pueden dejar al libre albedrío de cada centro", recalcó.

Por otro lado, CSI-F también aseguro apreciar "mejoras en la catalogación de las actuaciones contra las normas de convivencia, en las medidas correctoras y en la competencia para imponer la corrección prevista", si bien puntualizó que los procedimientos de sanción por parte del centro "pueden conllevar demasiada burocracia y exceso de reuniones".

"No estaremos nunca de acuerdo con el incremento de la burocratización, ni de funciones si no tienen su correspondiente reflejo en el horario del profesor y en su reconocimiento administrativo y/o económico", puntualizó Hidalgo.

También admitió la "importancia" de que Educación haya reconocido la autoridad magistral y académica del profesorado, la presunción de legitimidad, el derecho a emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere oportunos y el derecho a que se respete su autoridad y su reconocimiento profesional. No obstante, criticó que la administración educativa "no se ha atrevido a recoger la autoridad del profesorado en todos sus términos".