Los trabajadores sociales de Almería han reclamado la revisión del protección de menores tras la muerte del niño de siete años Sergio a manos presuntamente de su madre y han advertido de que, desde 2013, los efectivos y recursos "se han visto disminuidos" pese al incremento de la demanda, atención y número de menores sujetos a amparo.
El Colegio Oficial de Trabajo Social ha elaborado por unanimidad un listado con propuestas concretas a raíz de una asamblea extraordinaria convocada tras la muerte del menor y demandan, entre otras cuestiones, que se establezcan "prioridades" en los servicios de ordenación de recursos que garanticen "la actuación preferente" a menores en riesgo, mujeres víctimas de violencia de género y personas mayores o vulnerables "que por sí solas no puedan garantizar su propia integridad".
Remarca que los trabajadores sociales "deben ser personal de sustitución inmediata" de acuerdo a su categoría profesional por ley y avisa de que hay que adecuar la ratio a, al menos, un trabajador social por cada 3.000 habitantes en atención directa en Servicios Sociales Comunitarios "para así garantizar una atención de calidad y adecuada".
Desde el colegio profesional se insta, asimismo, a que se establezcan "órganos efectivos de coordinación con protocolos consensuados y sujetos a seguimiento", lo que permitiría la actuación "integral en situaciones de riesgo de las personas menores, de manera similar a como se articula en los casos de violencia de género".
La delimitación "clara" de funciones y competencias entre sistemas de protección ya que, según subraya, el sistema de Servicios Sociales "no es subsidiario del resto" o el establecimiento de estructuras de "supervisión técnica" que apoyen la intervención individual son otras de las propuestas.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social se advierte, asimismo, de que el Sistema de Servicios Sociales "no emite informes sociales a instancia de parte en un procedimiento judicial" sino que ha de ser oficiado por el juez como prueba pericial.
Por último, abogan por "intensificar" las acciones de formación y seguimiento mediante la herramienta 'Valórame' aprobada en julio de 2019 y por implantar "la Historia Social Única que evite la carga burocrática y permita el intercambio de información".
