El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha asegurado que, en relación al Cortijo del Fraile, situado en la localidad almeriense de Níjar, su departamento "ha cumplido" con las competencias que le confiere la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, "ejerciendo nuestro deber de vigilancia y tutela mediante los mecanismos habilitados para ello; y no una, sino varias veces".
"Ha habido requerimientos, órdenes de ejecución, expedientes sancionadores y la propiedad está actuando conforme a la ley en la conservación", ha asegurado en su comparecencia ante la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía, en la que ha recordado que el Cortijo del Fraile es un bien de propiedad privada y ha reprochado a la portavoz del grupo Podemos, que ha formulado la pregunta al respecto de esta tema, que "confunde restaurar con conservar".
"Usted cree que la Junta es una agencia inmobiliaria y pide que todo lo expropie o lo compre, y nuestra obligación es la tutela para que se conserve el bien y tenga las visitas públicas obligadas por la ley. Todo lo que podamos hacer, la Junta estará detrás, pero respecto al Cortijo del Fraile estamos al límite de la ley así que no pida imposibles", ha señalado el consejero, tras recordar que el asunto ha llegado a los tribunales, dando la razón a la propiedad.
Desde septiembre de 2011, en cumplimiento del deber de vigilancia y tutela, la Consejería ha estado en contacto con la empresa titular del cortijo exigiendo las medidas que se han llevado a cabo. En esta línea de actuación, la Delegación Territorial ha mantenido relación con el representante legal de la empresa propietaria del inmueble.
PODEMOS INVITA AL CONSEJERO A VISITAR EL CORTIJO
Por otra la parte, la parlamentaria almeriense Lucía Ayala ha invitado al consejero de Cultura a visitar el Cortijo del Fraile y conocer "el estado de abandono" en que se encuentra toda vez que el consejero ha afirmado que este enclave se halla en su "máximo estado de conservación posible".
Ayala ha calificado esta aseveración como "escandalosa" y ha instado al Gobierno andaluz a aplicar el artículo 16 de la Ley de Patrimonio, el cual dota de potestad a la administración andaluza a acometer las obras necesarias para la conservación del monumento pudiendo reclamar el importe de la inversión al propietario del edificio.
