El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha indemnizado con 120.000 euros a la familia de una mujer de 70 años que falleció tras ser someterse a una intervención quirúrgica en el complejo hospitalario de Torrecárdenas, en Almería, en la que se le perforó la pared posterior de la traquea.
En el acuerdo extrajudicial, consultado por Europa Press, el SAS reconoce que la muerte se produjo como resultado de una "mala praxis" y resuelve indemnizar al esposo y dos hijos de la paciente.
El caso se remonta a marzo de 2013, cuando M.M.H.F. fue intervenida por un bocio multinodular mediante una tiroidectomía total bilateral o extirpación del tiroides. Al poco de la operación, la paciente presentó un hematoma asfixiante y sangrado que precisó de una traqueostomía percutánea al no poder realizarse una intubación orotraqueal.
La traqueostomía fue practicada por las anestesiólogas del Servicio de Reanimación del citado hospital y en su ejecución se desgarró la pared posterior de la tráquea, lo que fue constatado tanto por el otorrino de guardia como por el servicio de radiología en una TAC, según ha informado la asociación 'El Defensor del Paciente'.
"No obstante, por los facultativos del citado servicio de reanimación no se procedió a realizar u ordenar ninguna actuación médica que evitara las complicaciones que se pudieran derivar de esa perforación de la tráquea", indica el comunicado que añade que informe del TAC fue "contundente al afirmar que se observaba cánula de traqueostomía impactada en pared posterior de la tráquea con marcados cambios inflamatorios y drenaje en relación con la misma y tiroidectomía total previa".
La lesión ocasionó a la fallecida la entrada de aire y sangre, lo que originó un colapso pulmonar bilateral con insuficiencia respiratoria que terminó con parada cardiorrespiratoria.
La familia, a través de la asociación 'El Defensor del Paciente' y los letrados del despacho de Ignacio Martínez Abogados interpusieron una denuncia que conllevó la apertura de un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción 2 si bien su titular procedió al archivo de las diligencias previas al entender que las circunstancias que rodearon la actuación de los anestesistas impedían un reproche penal.
