El exalcalde de Partaloa (Almería) y actual concejal en el equipo de gobierno, el socialista Federico Molina, ha sido procesado en una tercera causa acusado de autorizar irregularmente la construcción de viviendas sobre suelo no urbanizable y en la que se enfrenta a penas de siete años y seis meses de cárcel, y otros 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Molina será enjuiciado junto al promotor Amador M.M., con quien está emparentado "en cuarto grado" y para quien el Ministerio Público interesa dos años de prisión, multa de 24 meses con 30 euros de cuota diaria e inhabilitación para profesión u oficio relacionado con la construcción durante otros dos años. El empresario también debe sentarse en el banquillo junto al exregidor en otra causa por 29 viviendas presuntamente irregulares en el paraje Retamar.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que Amador M.M., con administrador único de la mercantil Promociones Partaloa SL decidió "promover y construir" nueve viviendas unifamiliares en el polígono 2 del término municipal y sobre suelo no urbanizable.
Pese a "conocer" este extremo, solicitó al Ayuntamiento en el mes de diciembre de 2004 cuatro licencias de obra para viviendas unifamiliares y en febrero de 2005 pidió una quinta.
Según el fiscal, el exalcalde "deseaba conceder" estas licencias aunque "sabía" que afectaban a suelo calificado como no urbanizable y que la concesión, por tanto, "era contraria a la legislación urbanística", por lo que habría optado por "voluntariamente no resolver sobre la concesión o la denegación".
De esta manera, según añade, "luego, dentro de plazo, podría certificar su concesión por silencio administrativo como efectivamente hizo el 9 de octubre de 2006".
Entre los años 2005 y 2006, Amador M.M. procedió a la construcción de las cinco viviendas para las que obtuvo la licencia por "silencio administrativo" y también procedió a edificar cuatro más, "también sobre suelo no urbanizable, y en este caso sin ningún tipo de licencia".
El Ministerio Público subraya que Federico Molina, pese a ser "autoridad competente para incoar y resolver" los expedientes sancionadores por infracción urbanística y "estar obligado a denunciar los casos en los que se aprecie indicios de delito", tuvo conocimiento de estos hechos y no inició "ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad urbanística, no efectuando ninguna actuación dirigida a perseguir el delito contra la ordenación del territorio cometido por Amador M.M.".
Por este motivo, además del presunto delito de prevaricación, le imputa la supuesta comisión de un delito de omisión del deber de perseguir delitos por el que interesa pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por periodo de dos años.
El escrito recoge, asimismo, que el promotor firmó nueve contratos con personas de nacionalidad extranjeros por los que enajenaba el terreno donde luego se edificarían las viviendas y se comprometía a llevar a cabo la obra conforme a un proyecto determinado. El último de los contratos lo firmó el 1 de diciembre de 2006.
Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que la vista oral está señalada para el 1 de octubre ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería. Cabe recordar que la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Almería resolvió el pasado viernes aplazar la vista oral en la que Molina se enfrentaba a nueve años de prisión después de constatar de que una de las partes no había sido notificada en tiempo y forma.
