Una juez de Almería ha condenado a un empresario de Almería por un delito de fraude en subvenciones después de que obtuviera más de 220.000 euros en ayudas para crear un complejo turístico rural en Serón que, una vez construido, dedicó a viviendas residenciales en alquiler, sin que llegara a contratar personal para el mantenimiento y la prestación de servicios privando, a su vez, al municipio de la herramienta comprometida para fomentar el turismo rural en la zona.
La sentencia, consultada por Europa Press y dictada en firme tras la conformidad de las partes, impone al acusado un año de prisión y cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público profesión, oficio, industria o comercio, toda vez que le obliga a devolver a la Junta de Andalucía el importe de 220.174,60 euros concedidos.
También condena a la empresa de la que se sirvió, con la que no podrá obtener subvenciones o ayudas públicas así como tampoco beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de tres años, ni contratar con las Administraciones públicas.
La sentencia declara probado que el acusado, como administrador único de la empresa mediante la que se efectuaron los trabajos, solicitó en diciembre de 2009 a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Almanzora una subvención para la rehabilitación de un cortijo de su propiedad para hacer siete viviendas rurales para alojamientos turísticos con el fin de contribuir "a consolidar el sector turístico a nivel local y comarcal".
Dado que inicialmente cumplía con todos los requisitos, el acusado firmó un contrato con el GDR Almanzora al año siguiente por el cual se le concedió una subvención para efectuar la actividad planteada, de modo que el 80 por ciento de la misma estaba financiada por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader).
En concreto, se le otorgó una cuantía total de 222.406,73 euros de los que 177.925,38 euros provenían de fondos europeos mientras que el resto lo ponía la Junta de Andalucía. En el mismo contrato, el acusado se comprometía a "no modificar la naturaleza de la inversión durante un periodo de cinco años siguientes a su financiación", esto es, a destinar las viviendas a fines turístico y a crear y mantener empleo vinculado al complejo.
Progresivamente y hasta 2013, el acusado percibió prácticamente la totalidad de la ayuda concedida para construir el complejo turístico. No obstante, y "con ánimo de enriquecimiento injusto", el acusado incumplió los compromisos por los que accedió a las ayudas y "nunca contrató personal encargado del mantenimiento y funcionamiento del complejo", toda vez que destinó las nuevas viviendas al alquiler habitual.
En concreto, constan al menos dos contratos de alquiler por un periodo de cinco años cada uno por los que le acusado alquilaba de dos de las viviendas construidas para dedicarlas a la vivienda habitual "contraviniendo el fin para el que fue concedida la subvención", que era fomentar el turismo de la zona.
La juez accedió conforme a la sentencia a suspender la pena privativa de libertad por un periodo de dos años con la condición de que, durante ese tiempo, el acusado no vuelva a delinquir y abone la responsabilidad civil impuesta.
