El primero fue el obispo de Cloyne, John Magee, al que Benedicto XVI cesó el pasado mes de marzo al conocerse que retrasó las investigaciones sobre presuntos casos de pederastia denunciados en su diócesis.
Magee fue secretario privado de los papas Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II.
El prelado dimitió dos meses antes de que estallara –en mayo pasado– el llamado Informe Ryan, que desveló que miles de menores fueron objeto de abusos sexuales y torturas físicas y psíquicas en instituciones estatales regentadas por religiosos de Irlanda durante casi 70 años.
Pocos días después, Benedicto XVI llamó al Vaticano al cardenal irlandés Seán Baptist Brady; de Armagh, y al arzobispo de Dublín, Darmuid Martin, para analizar la situación y ante los que reiteró la “tolerancia cero” para casos de este tipo.
A principios de diciembre, de nuevo todas las miradas volvieron hacia la Iglesia católica irlandesa, al conocerse el Informe Murphy, que desveló que ésta gozó de inmunidad durante décadas para ocultar, en connivencia con el Estado, los abusos sexuales contra menores cometidos por curas de la diócesis de Dublín, la más importante del país.
El informe, entre otros, señaló que el obispo Murray ignoró y oculto denuncias de abusos sexuales contra menores cuando era obispo auxiliar de Dublín.
Ante la nueva magnitud que adquiría el escándalo, el Papa llamó de nuevo el pasado 11 de diciembre al Vaticano al cardenal Sean Brady y al arzobispo Diarmuid Martin, ante los que dijo que estaba “asolado y angustiado” tras conocer el Informe Murphy.
